La Duma, la cámara baja del parlamento de Moscú, aprobó hoy la ley propuesta por el partido oficialista Rusia Unida, que califica como "agente extranjero" y somete a estrecho control a las ONG que ejercen actividad política y reciben fondos extranjeros.

El Legislativo, cuya legitimidad muchos ponen en tela de juicio a raíz del supuesto fraude oficialista en las parlamentarias de diciembre, aprobó por unanimidad la polémica ley sobre "agentes extranjeros", cuestionada por los defensores de los derechos humanos y la oposición liberal.

Dicha ley, que fue votada hoy sin mayor dilación en segunda y tercera lectura, incluso por la oposición, obliga a inscribirse en un registro de "agentes extranjeros" a las ONG financiadas desde el exterior y que participen en la vida política del país.

"La aprobación era de esperar. Todas las fuerzas representadas en la Duma independientemente de sus plataformas son parte del sistema", dijo a la agencia Efe el analista político Alexandr Shatílov, al comentar la votación de la ley.

Precisó que los partidos opositores no están interesados en que la oposición no parlamentaria, financiada según los oficialistas desde el exterior, renazca de sus cenizas y desafíe a las fuerzas políticas tradicionales.

Los activistas de derechos humanos mantienen que el endurecimiento de control sobre esas ONG tiene como objetivo acallar los ánimos de protesta en la sociedad rusa y "hallar un chivo expiatorio, un agente extranjero".

Las propias ONG que reciban financiación del exterior deberán inscribirse en la "lista negra" en el plazo de 90 días tras la entrada en vigor, bajo la amenaza de multas o incluso penas de prisión.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mostró su preocupación al respecto alegando que "todas las personas tienen el mismo derecho a las libertades fundamentales".

La cancillería rusa no tardó en reaccionar y calificó hoy la postura de Washington de "injerencia en los asuntos interiores" de Moscú.

La Duma también aprobó hoy en tercera y última lectura la ley que restituye al Código Penal el delito de difamación, previendo fuertes multas o trabajos obligatorios: las penas más altas, con penas de entre 15.000 y 150.000 dólares para quienes ofenden a las instituciones y sus representantes.

Apenas dos días antes de que fuesen votadas esas dos normativas, la Duma aprobó las polémicas enmiendas a la ley sobre información que prevén la elaboración de una lista negra de páginas web.