El Presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó hoy revocar la firma de Rusia del Estatuto de Roma, la base legal que creó la Corte Penal Internacional (CPI), en medio de las críticas sobre los ataques aéreos en Siria y la anexión de Crimea.
Putin ordenó "aceptar la propuesta del ministerio de Justicia, consensuada con la cancillería, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
La cancillería rusa destacó que "en 14 años de funcionamiento, la CPI ha dictado sólo cuatro sentencias y ha gastado más de US$ 1.000 millones". "Lamentablemente, el tribunal no ha justificado las esperanzas puestas en él y no se ha convertido en un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio", añadió Exteriores.
La resolución, que comenzó a regir hoy fue firmada un día después de que la Corte publicara un reporte calificando como una ocupación la anexión rusa de Crimea. Según el diario The Guardian, el rechazo del tribunal, si bien es simbólico, es un nuevo golpe a los esfuerzos de establecer un orden legal para perseguir el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. De hecho, el presidente de la corte, Sidiki Kaba, lanzó hoy un desesperado llamado: "No se vayan".
El Presidente francés, Fancois Hollande había sugerido que Rusia enfrentara cargos por su bombardeo en Alepo (Siria). Con esta decisión, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado La Haya por crímenes de guerra o genocidio a menos que exista una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Rusia tiene derecho a veto.
En enero de este año, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, denunció la parcialidad de la CPI cuando el tribunal autorizó investigar los posibles crímenes de guerra durante el conflicto bélico que enfrentó a Rusia y Georgia en agosto de 2008 en la región secesionista georgiana de Osetia del Sur.
Rusia firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ratificó, como sí hicieron otros 123 Estados, con las notables excepciones de Estados Unidos, China o Israel.
La decisión de Moscú tiene lugar después de la salida del tribunal de Gambia, Sudáfrica y Burundi, que estimaron que "jueces blancos" juzgan a ciudadanos negros. A su vez, Kenia, Namibia y Uganda podrían ser los próximos en abandonar el tribunal internacional.