El presidente de la española Sacyr, Manuel Manrique, dijo que el consorcio GUPC, que lidera, "va a terminar" el proyecto de ampliación del Canal de Panamá, y pidió "confianza" en la negociación de las partes para superar el problema de "flujo de caja" que amenaza con paralizar las obras este mes.
En una entrevista con Efe en la capital panameña, Manrique afirmó que las conversaciones con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) son "constantes" y están "avanzando".
Aclaró que una propuesta financiera divulgada esta semana por Impregilo, otro socio del consorcio, que planteaba a la ACP nuevos desembolsos de entre 500 y 1.000 millones de dólares "es antigua" y está desfasada.
"Esa propuesta (de Impregilo) que ha salido es antigua, que como la dinámica en este proceso es muy viva, muy activa, se ha quedado, se sobrepasó, eso fue hace mes y medio, dos meses", declaró Manrique.
La propuesta de Impregilo fue rechazada por el administrador de la ACP, Jorge Quijano, que la tildó de "imposible" por estar "fuera del contrato", lo mismo que otra planteada por Grupo Unidos por el Canal (GUPC) el martes que implicaba que la Autoridad desembolsara 400 millones de dólares.
La ACP se ha mostrado dispuesta a un nuevo adelanto de 100 millones de dólares, adicionales a 784 millones ya desembolsados, otorgar dos meses una moratoria al pago de un anticipo de 83 millones, y que el GUPC aporte otros 100 millones para evitar la paralización y garantizar los trabajos por los próximos "dos a cuatro meses".
La Autoridad del Canal también ha dicho que el contrato prevé mecanismos para finalizar la obra sin el contratista original y que está dispuesto a invocarla de ser necesario.
La prensa local ha publicado informaciones acerca de una supuesta crisis interna en el GUPC a partir de la propuesta de Impregilo, que pareció unilateral.
Al respecto, Manrique señaló que en un "consorcio de cuatro compañías con diferentes nacionalidades, culturas, filosofías, es lógico que haya diferentes maneras de enfocar los problemas".
"Pero no dude un momento que nos une el objeto del propio consorcio, que es acabar el proyecto", añadió.
El GUPC, que lideran Sacyr e Impregilo con el 48 % accionarial cada una, e integran también la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, envió una carta de preaviso a la ACP el pasado 30 de diciembre anunciando que suspendería las obras en 21 días, que se cumplen el 20 de enero, porque no puede soportar "sobrecostos" superiores a los 1.600 millones de dólares.
La ACP ha considerado ilegal el preaviso con el argumento de que la cláusula invocada no es aplicable, ha dicho que la cifra de "sobrecostos" no se justifica y ha pedido al GUPC que procese sus reclamaciones a través de las instancias previstas en el contrato.
"Nosotros podemos cumplir el contrato y el contrato dice muchas más cosas", afirmó Manrique, que se mostró "segurísimo" de que la ACP también lo hará.
El presidente de Sacyr aclaró que el "GUPC nunca ha amenazado con nada, no existe amenaza" y que "la ACP nunca han dicho que ellos no están dispuestos a algo".
"Lo que ambos decimos es que vamos a respetar estrictamente el contrato, que tiene unos mecanismos de cómo se solucionan los conflictos", dijo.
Definió la actual coyuntura como un "déficit de caja" producto de que los mecanismos de solución de conflictos previstos en el contrato "se tardan más" que la ejecución de la obra.
Ante la situación "lo único que estamos pidiendo es ayuda. Estamos en la búsqueda de elementos dentro del contrato que nos puedan ayudar (...), estamos buscando las fórmulas y vamos avanzando", reiteró Manrique.
"Es exclusivamente (un problema) de caja necesaria, no es que hayamos amenazado con los reclamos, si no nos pagan eso no es correcto, no hemos amenazado nunca", recalcó Manrique.
El GUPC presentó en 2012 una reclamación por 585 millones de dólares a la ACP, que lo rechazó, por lo que pasó a una segunda instancia prevista en el contrato, la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) que Sacyr calcula lo responderá entre abril y junio próximo, según dijo este viernes Manrique.
En diciembre pasado el consorcio presentó a la ACP otro reclamo, por 900 millones de dólares, que Quijano no ha entrado a estudiar porque "falta mucha información".
La decisión del DAB "es obligatoria para las partes, nosotros vamos a cumplir lo que diga y la ACP, me consta y estoy segurísimo, que también. Si seguimos sin estar de acuerdo sigue el tribunal de arbitraje internacional, y estoy seguro que la ACP lo va aceptar perfectamente y nosotros también".
"Y seguimos el proceso dentro del contrato, lo cual quiere decir que nosotros vamos a hacer este canal, vamos a terminar este proyecto dentro del contrato, que tiene muchas páginas y es muy complejo", subrayó.
"En mi mente no pasa, ni gasto un minuto de mi energía, en la búsqueda de otro tipo de soluciones (distintas a culminar las obras), y además, le voy a decir una cosa: lo vamos a conseguir. Hay que ser un poco optimista. Lo vamos a conseguir", añadió.
El GUPC se adjudicó en 2009 el contrato para la construcción de las nuevas esclusas del canal por 3.118 millones de dólares, y las obras llevan un adelanto del 65 %.
La ACP ha desembolsado 2.831 millones de dólares, incluidos los anticipos reembolsables, además de 180 millones en costes adicionales que representan cerca del 6 % del costo del contrato.
