Paralizaciones, críticas cruzadas, incidentes en el Congreso y varios intentos de acuerdo fracasados al interior de la Nueva Mayoría es parte del saldo que deja, hasta ahora, la negociación para el reajuste anual de las remuneraciones del sector público. Dificultades que se relacionan en buena medida con el peso relativo del aparato estatal -el gasto fiscal representa casi el 24% del PIB- en el que se desempeñan unas 800 mil personas, sumando las dotaciones del gobierno central y municipal.

Específicamente, de acuerdo con la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), difundida por el INE para el período octubre-diciembre de 2015, el personal dependiente del Estado suma 884.679 personas, quienes en promedio perciben un ingreso neto (excluyendo descuentos legales) de $ 777.935, cifra 50,6% superior a los $ 516.656 del sector privado. La brecha es mayor a la conocida con los datos de la ESI anterior (2014), cuando alcanzaba el 43,8%, según puntualizó un estudio elaborado por el director alterno de Clapes-UC, Rodrigo Cerda.

Al respecto, la última publicación del organismo estadístico revela que la distancia de remuneraciones públicas y privadas se profundiza en el caso de los hombres, ya que mientras los sueldos promedio para el sector privado en este segmento alcanzan los $ 562.547, en el sector público esa media es un 68% superior, llegando a los$ 946.184 mensuales

En el caso de las mujeres, los datos del INE muestran una diferencia de 47,8% entre las remuneraciones del sector público y privado, con ingresos promedio netos de $ 653.508 y $ 442.019, respectivamente.

La brecha también se puede observar al analizar la mediana de los sueldos (ingreso que recibe el individuo situado en el medio de la distribución), donde mientras para el caso del sector privado la cifra llega a los $ 354.600, en el sector público el monto es de$ 582.363, un 64,2% superior.

Diferencias en el sector público

Al interior del sector público también se observan diferencias relevantes, sobre todo al analizar las remuneraciones brutas del personal de planta de las diversas reparticiones públicas.

Según la información publicada por las distintas entidades fiscales en el portal de Gobierno Transparente, se puede ver que, por ejemplo, los ministros de Economía y Justicia alcanzan un sueldo bruto de $ 9.157.229 cada uno, superior en $ 1.183.235 al obtenido por la titular de Trabajo.

Otro secretario de Estado que percibe un menor ingreso relativo a sus pares es el de Educación, que registra $ 7.938.575 mensuales en 2016. Mientras que el ministro del Interior también se ubica por debajo de sus pares, e incluso el subsecretario de la repartición obtiene un sueldo superior en$ 486.446 al del ministro de esa cartera.

A nivel de servicios también hay diferencias. En el caso del Registro Civil, mientras el director percibe $ 9.040.107 brutos, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene una remuneración bruta mensual de $ 9.027.580. Más abajo se encuentra el sueldo de la directora del INE, con $ 6.906.174, en tanto que el titular del Sename registra$ 4.453.583.

Entre los directivos, se observan brechas significativas. La mayoría de las reparticiones se mueve entre un máximo de $ 6.700.00 y un mínimo de $ 1.400.000 mensuales, como en Hacienda, Economía y Justicia, mientras que en Minería los directivos obtienen un máximo y mínimo de remuneraciones de $ 5.606.669 y $ 2.936.828, respectivamente.

En el caso de Energía, el rango va desde los $ 7.207.445 a los$ 3.583.939, aunque cabe destacar que cuenta con un número bastante más acotado de directivos comparado con el resto de los ministerios.

Administrativos

Por su parte, los cargos entre administrativos muestran un rango de remuneraciones que va de un máximo de $ 2.383.199 en el Ministerio de Hacienda, a un mínimo de $ 590.456 de la cartera de Minería.

Finalmente, para los auxiliares, los sueldos se mueven entre los$ 908.852 y los $ 567.705 mensuales, aproximadamente.

Al respecto, Guillermo Pattillo, académico Usach y ex subdirector de Presupuestos, explica que "las diferencias que se ven entre los distintos ministerios y servicios tiene que ver con las funciones que desempeñan, por lo técnico y lo delicado de la función. Por ejemplo, los servicios de fiscalización hace tiempo que tienen una escala diferente de remuneraciones".

Asimismo, añade que también "hay un efecto dado por la reforma de la Alta Dirección Pública, donde hubo asignaciones de funciones críticas, y de cargos especiales, que, obviamente, elevan los sueldos de un grupo de personas dentro de un determinado servicio".

Estas diferencias entre las funciones también hace más compleja la medición de la productividad dentro del mismo sector.

"En el caso de las remuneraciones públicas hay un problema complicado de medición de productividad, es muy complejo el poder asignar a cada agencia, y a las unidades dentro de éstas, la productividad que tienen", dice Pattillo.

Comparte Joseph Ramos, economista y presidente de la Comisión Nacional de Productividad, quien precisa que "es muy difícil medir productividad en el sector público. De hecho, una de nuestras recomendaciones tiene que ver con la medición de productividad en base a indicadores de gestión de resultados, más que procesos".

En esta línea, señala que, "por ejemplo, para medir la productividad del Sence, no se debería medir cuántas personas capacitó, sino cuántas pasaron de operario a técnico y así a maestro. En obras publicas podría no medirse en cuántos kilómetros de camino se construyeron, sino cuánto más se demoraron o cuántos costos más hubo respecto de la proyección original del programa".