Salidas alternativas de cuatro imputados marcan primer fallo en caso Caval

Las primeras salidas alternativas se obtuvieron hoy en el caso Caval. La Fiscalía Regional de O'Higgins acordó la suspensión condicional de la investigación de cuatro de los 13 imputados formalizados en la causa central, donde se indagan supuestas irregularidades en la compra y venta de terrenos en la comuna de Machalí, VI Región.

El juez de garantía de Rancagua, Gianni Libretti, aceptó la medida para Patricio Cordero, Pablo Ovalle, Andrés Orchard y Mariclara González. Cordero, antiguo militante de la UDI, era uno de los principales actores en el caso por su cercanía con Mauricio Valero, socio de Caval junto con Natalia Compagnon.

El fue formalizado como supuesto autor del delito de facilitación de documentación tributaria falsa, a través de su sociedad Lo Beltrán, puesto que habría entregado boletas falsas a la firma por servicios no prestados, entre 2012 y 2014.

Con estos antecedentes, y tras una serie de declaraciones, Cordero llegó a un acuerdo con el Ministerio Público y el tribunal aceptó su suspensión condicional, que contempla deberá fijar domicilio, firmar mensualmente en la fiscalía por un año y pagar 11 UTA ($ 6.151.200). "La fiscalía nos ofreció, de acuerdo al mérito de la investigación, el término de la causa y como defensa estamos muy satisfechos, en cuanto no existe ningún juicio de reproche en relación a mi cliente y eso claramente uno tiene que aceptarlo porque no es más que la realidad, porque es así", señaló el abogado de Cordero, Carlos Cortés.

Además del ex administrador municipal de Las Condes, su mujer y socia en Lo Beltrán, Paulina Besserer, también quedó excluida del juicio oral, ya que la fiscalía aplicó la decisión de no perseverar en su contra por el presunto delito de falsificación de documentación tributaria, en calidad de cómplice.

En tanto, los abogados formalizados en la causa por eventual prevaricación y ventajas indebidas del síndico también recibieron salidas alternativas: Andrés Orchard, ex abogado del síndico Herman Chadwick, quedó sujeto a firma mensual y fijación de domicilio; Pablo Ovalle, abogado de la familia Wiesner (primeros dueños de los terrenos en Machalí), deberá establecer un lugar de residencia; y Mariclara González , síndico suplente de Chadwick, tendrá que firmar cada dos meses en el Ministerio Público.

Sobre Daniel Huerta, también abogado de la familia Wiesner, y formalizado por supuesta prevaricación en calidad de autor, la fiscalía decidió no perseverar. El fiscal de la causa, Sergio Moya, explicó que "los imputados no tienen antecedentes penales. Prestaron declaración en los últimos meses y aportaron antecedentes, por ejemplo, Mariclara González y el señor Orchard son útiles para imputar a Herman Chadwick, con quien anteriormente ellos trabajaban".

Además, en la audiencia también se discutió el cambio de medidas cautelares del síndico Chadwick, por lo que se cambió su arresto domiciliario nocturno y por firma mensual. Con lo cual seguirá el proceso en su contra. "El no ha cometido delito alguno. Está absoluta y profundamente convencido que es inocente", dijo el abogado del síndico, Luis Masferrer.

¿Y el resto? El Ministerio Público llevaría a los otros siete formalizados a juicio oral, entre ellos los socios de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero. "Es probable que se generen dos juicios orales: uno propiamente tal por la Ley de Quiebras y otro que tiene que ver con todo el proceso de negociación y venta de los terrenos de Machalí por los delitos de cohecho y soborno que se encuentran formalizados", dijo Moya.

En tanto, sobre la nueva arista de lavado de activos en el caso, el fiscal declinó emitir declaraciones.