Hace casi un mes que el proyecto que modifica la ley de pesca e introduce una nueva regulación para las salmoneras entró a la Comisión de Hacienda del Senado para su revisión y posterior votación en la sala. Desde entonces, los empresarios del sector buscan cambiar una iniciativa que podría, creen, dañar el corazón de una industria que viene saliendo de una crisis y que concluyó recientemente una millonaria renegociación de deudas con la banca. Así lo entienden los salmoneros, quienes cuentan con el apoyo de sus pares en el rechazo a dos artículos clave.

El primero limita a 25 años la duración de las concesiones acuícolas, hoy indefinidas Esto inquieta a operadores del sector y también en otros círculos empresariales, donde advierten que sentaría un precedente para cambios al esquema de propiedad en otras industrias.

El problema, explican los empresarios, es que el tope de 25 años para las nuevas concesiones daña el patrimonio de las firmas y pone cortapisas al desarrollo futuro de una industria que creció y se expandió sobre la base de las concesiones indefinidas. "Las concesiones, en su carácter de activos, son parte de su patrimonio. Si se les pone un límite en el tiempo, se afectará la situación patrimonial, haciendo que los balances se deterioren o que las acciones caigan", dice un alto ejecutivo.

El tema es seguido de cerca por otras industrias. "Cambiar su carácter equivaldría a la pérdida de ese derecho. Es un tema de principios. Si ocurre en los salmones, podría seguir en el agua o en la minería", argumenta un dirigente empresarial. En el entorno de la CPC temen, de hecho, que si esta iniciativa prospera, en el oficialismo surjan intentos por cuestionar las concesiones en otras industrias. Y en la banca creen que un cambio a las concesiones puede afectar las garantías que la industria tiene para superar su crisis. Concesiones limitadas en el tiempo podrían restringir el refinanciamiento que requiere la industria para su resurgimiento.

Aunque el plazo de 25 años es para las nuevas concesiones, muchas salmoneras deberán pedir permisos para relocalizar sus centros de cultivo y deberán acogerse a ese plazo como condición para conseguir garantías de Corfo. Esto último afectaría más a las firmas locales que a las extranjeras, que no requieren de ese aval estatal.

El segundo punto polémico es la caducidad de las concesiones por incumplimiento de normas laborales (ver recuadro). Los salmoneros evalúan encargar un informe en derecho y han contactado a abogados laboralistas para mirar el punto.

EL CONGRESO Y EL GOBIERNO
El 15 de enero el gobierno envió al Congreso el proyecto de ley sin los puntos en conflicto y la industria apoyaba la iniciativa, que entonces era crucial para su proceso de renegociación, porque permitía la entrega de las concesiones como garantías. Pero su paso por la Cámara de Diputados cambió la historia: ahí se introdujeron ambos ar-tículos. La Cámara aprobó el texto, pasó a la Comisión de Pesca del Senado y de ahí a la de Hacienda a inicios de mes. Entonces, miembros de SalmonChile pidieron apoyo a la Sofofa y a la CPC, entidades que en las últimas semanas expresaron su preocupación a los ministros Viera-Gallo y Velasco.

También contactaron a senadores oficialistas y de oposición y llegaron al despacho del ministro de Hacienda, Andrés Velasco. El tema ha sido tratado con discreción. Y se entiende: es un sector con alta exposición pública, blanco habitual de las ONG medioambientales, ícono del desarrollo del país y afectado por la peor crisis sanitaria de su historia, a raíz del virus ISA.

Altas fuentes de gobierno adelantan que el Ejecutivo está dispuesto a buscar un acuerdo  para flexibilizar el artículo que caduca las concesiones por infracciones laborales. "Esta conversación no está cerrada. Hay negociaciones en marcha. Nuestra disposición es flexibilizar ese artículo y ponerlo de manera tal que las infracciones no impliquen terminar con las concesiones", dice una autoridad. Pero también aclara que no hay espacio para extender los 25 años de las licencias: "Para Hacienda y Economía no es tema. Entendemos que el sector público y privado llegó a un acuerdo en los plazos y, además, la propuesta del senador Camilo Escalona (quien llevó la idea al Congreso) recoge inquietudes de distintos sectores y es una buena fórmula".

DIVIDIR EL PROYECTO
La industria ha contactado a los senadores UDI Evelyn Matthei, presidenta de la Comisión de Hacienda, y el ex PS Carlos Ominami. También al RN Antonio Horvath, titular de la Comisión de Pesca.

El proyecto quedó en tabla para el día 30 en la Comisión de Hacienda. Ahí, dijo SalmonChile, "haremos ver nuestros puntos de vista". Matthei explica que la complejidad de la iniciativa obliga a estudiar con detalle su articulado, en especial la caducidad de las concesiones por fallos laborales. "Tengo una mala opinión sobre la nueva justicia laboral y la desmedida inclinación que están mostrando los fallos en favor de los trabajadores (...). Hacer depender a una industria completa del fallo de un juez es delicado, sobre todo en un sistema en que no hay apelación", afirma.

Camilo Escalona, quien integra ambas comisiones, dice que "SalmonChile se ha movido en bambalinas para impedir que se apruebe el proyecto".

Una vía de solución sería dividir el proyecto: los temas sanitarios, como la creación de barrios productivos, mayores atribuciones a Sernapesca y normar la importación de ovas, agruparlos en un solo cuerpo, y los temas más polémicos, en otro. "El gremio busca que el proyecto quede para después de marzo, con la expectativa de que Sebastián Piñera gobierne y su equipo económico lo cambie. Pero eso no ocurrirá. El gobierno ya les comunicó a los industriales que se tramitará en esta administración y, frente a eso, ahora SalmonChile está pidiendo separar la discusión", afirma el senador Escalona.

Para el gobierno el proyecto debe salir a la brevedad (ver nota relacionada). Pero la industria no ve con tan malos ojos que se retrase: en la práctica ya trabajan bajo un modelo sanitario similar al que existirá si la ley se aprueba. "Ya operamos con la figura de los barrios y con las mismas restricciones sanitarias que impondrá la ley. Sernapesca lo ha entendido así y la mayor parte de la banca también", explica el director de una salmonera.

El cambio laboral que genera polémica

Fue en la Cámara de Diputados donde el proyecto que modifica la ley de pesca y acuicultura recibió los cambios que hoy generan polémica entre gobierno y privados. Uno de los más resistidos por la industria liga las normas laborales a la propiedad sobre las concesiones. En una indicación se estableció que una de las razones para caducar las concesiones acuícolas será cuando en un mismo centro de cultivo se configure una tercera infracción de tipo laboral-sindical, en un plazo de tres años contado desde el cumplimiento de una segunda infracción.

Para el empresariado y el gremio de las salmoneras, el tema es delicado, entre otras cosas, porque no está definido si las multas laborales corresponden sólo a la empresa mandante o a éstas y sus contratistas. Advierten que introduce un factor de riesgo constante sobre el manejo de las concesiones, porque no es claro cómo funcionaría la norma con el sistema de tribunales laborales extendido a todo el país.

Y hacen otro punto: no es buen precedente que en una norma de tipo sectorial se vinculen temas de desarrollo productivo y regulación con materias propias del Código del Trabajo. Entre los acreedores de las salmoneras opinan similar y estiman que introducir el tema laboral como factor de sanción respecto de las concesiones es "un pésimo precedente para todos los sectores de la economía y genera aún más riesgos para la industria".

La respuesta del ministro Lavados a los salmoneros

El Ejecutivo ha tomado nota de la idea de cambiar el proyecto de ley acuícola. Y su respuesta es tajante: "No se va a dividir. Seguirá siendo un solo paquete y seguirá con suma urgencia", replica el ministro de Economía, Hugo Lavados, quien está a cargo de este proyecto y que afirma que es necesario que la ley se apruebe pronto para permitir la recuperación de la industria.

La tramitación de la iniciativa, dice, "ha demorado más de lo previsto, entre otras razones, porque en algunos temas hay visiones distintas". La caducidad de las concesiones por incumplimientos laborales es una de las materias complejas. Lavados reconoce que aquí hay puntos de vista muy distantes y se muestra abierto a una solución. "La única posibilidad es tener una posición centrada. Esa es la opción que tenemos que buscar. Y rápido", sostiene el ministro.

Sobre el planteamiento respecto del impacto financiero que tendría que limitar las concesiones a 25 años, su respuesta es clara: "Es absurdo. Si se tratara de un período acotado de cinco años, por supuesto que afectaría. Pero 25 años.... me gustaría que me mostraran los cálculos".

A su juicio, no es correcto centrar la discusión en los derechos de propiedad. "Por definición existen derechos y obligaciones, y ambos pueden ser modificados por ley, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Constitución. El derecho que se argumenta también tiene que ver con la obligación de haber mantenido una situación sanitaria adecuada. Es muy difícil que no haya correlato entre ambos. Por eso se estableció un sistema claro de premios y castigos, para renovar o caducar una concesión acuícola", señala.