La ministra de Salud, Carmen Castillo, aclaró que el sistema actualmente no se encuentra en condiciones de brindar la atención médica para casos de aborto en tres casuales, en la forma en como quedó establecido en la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo por riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Esto ya que, como quedó reflejado tras el sobreseimiento de un médico y una joven de 24 años en Copiapó, que estaban imputados por aborto, la norma ley está vigente y aplicable desde lo penal, dado que ya no es delito si se registra una interrupción del embarazo que cumpla con los requisitos de las causales. Sin embargo, desde el ámbito administrativo y práctico, se requiere de normas técnicas y reglamentos para su ejecución.

"Si se dan estos casos (aborto en las tres causales), en estos días tendremos que ir viendo uno a uno, ya que en este momento no podríamos brindar la atención, sino que tendríamos que ver cómo podemos dar respuesta frente a una situación que en este momento no está regulada por el sistema, porque tenemos este margen de 90 días", indicó la secretaria de Estado en el marco de su visita a la Región del Maule.

Castillo se refiere a que la misma normativa dejó estipulado un plazo de 90 días desde su publicación, para la realización de los reglamentos. En ese sentido, añadió que ese margen "es precisamente para elaborar la capacitación, la implementación y todas las estructuras. Hay una diferencia en el ámbito jurídico penal, no así en el asistencial, en que todavía tenemos espacios para elaborar y preparar el sistema".

Por su parte, la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, agregó que tras la promulgación de una ley que requiere de una implementación, "queda disponible para que los tribunales la apliquen".

En la misma línea, Alvaro Flores, presidente de la Asociación de Magistrados, explicó que independiente de la creación de los reglamentos y normas técnicas, la normativa está vigente desde su promulgación.

"Es la ley la que opera en el ámbito penal, con eso basta y así lo razonaron en Copiapó. En la actualidad, el reglamentos y las normas no tienen nada que ver con la despenalización, con que la conducta que para el derecho penal estaba sancionada, ya no lo está. El reglamento tiene que ver con las prestaciones médicas, servicios de salud".