Poco después del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que el 19 de noviembre de 2012 cedió a Nicaragua los derechos económicos sobre unos 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe y ratificó la soberanía colombiana de siete cayos que rodean al archipiélago de San Andrés (ver infografía), Bogotá prometió un plan de desarrollo económico y social para los isleños. Mitigar el sinsabor dejado por la sentencia de La Haya era el principal objetivo del proyecto que, al mismo tiempo, potenciaría a la región como un destino atractivo para la inversión extranjera, en especial aquella interesada en el sector turístico, el principal sustento del archipiélago.
Pero a casi dos años del veredicto, la mayoría de las promesas del Presidente Juan Manuel Santos está incompleta y los problemas estructurales se han profundizado, al tiempo que ha caído la seguridad en una región que recibe anualmente 550.000 turistas decae: en 2013 hubo 20 homicidios, 14 de los cuales estuvieron relacionados con el sicariato.
La crisis en la puesta en marcha del plan de inversiones quedó patente en los últimos meses. En julio, la Corte Constitucional colombiana dejó sin efecto algunos artículos clave de la reforma tributaria que beneficiarían directamente al Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según el diario colombiano El Espectador, la reforma, por ejemplo, contemplaba unos US$ 38 millones para la entrega de subsidios a los pescadores artesanales e inversiones de desarrollo.
Luego, en agosto, el ex ministro de Hacienda, Rudolf Hommes, presentó su renuncia como asesor para San Andrés. En su carta de dimisión dirigida al Presidente Santos, Hommes explica, por ejemplo, que si bien está en marcha el proyecto para diversificar las fuentes de energía eléctrica en las islas, también sostiene que hay demoras en la mejora del alcantarillado y el acceso directo de agua potable (servicio del cual incluso carecen los hoteles), la recuperación de playas, la promoción de actividades turísticas y la creación de empleo, entre otras cosas.
Hommes indica, por ejemplo, aún no se nombra un médico general de planta en las islas Providencia y Santa Catalina, pese a existir un compromiso formal del Ministerio de Salud.
También señala que en San Andrés tampoco se han ejecutado los planes ya diseñados de maricultura (cultivo de organismos marinos en el mar) y acuaponia (sistema de producción de peces y plantas), aunque en Providencia ambos sí funcionan "en forma muy incipiente". Según la revista bogotana Semana, ambos son claves para los pescadores, "los más afectados por el fallo de La Haya".
En carpeta también descansan la creación de una universidad y la implementación del ferry entre San Andrés y Providencia y aún no se da el "vamos" para el funcionamiento de una planta incineradora de basura que "está lista para generar energía y reducir el costo del servicio, el más caro del país", según indica Semana.
El signo más visible de los problemas es la violencia, que volvió al tapete en agosto, luego de que un turista argentino fuera baleado durante un intento de asalto. Según el diario El Tiempo, hay dos causas que explican el alza de los crímenes en el archipiélago, de tan sólo 75.000 habitantes: el arribo de dos bandas de narcotraficantes desde el continente y la disminución de los controles de interdicción marítima tras el fallo de La Haya. En la misma línea, Semana señala que "todos saben que San Andrés es una plataforma del tráfico de cocaína entre Colombia y Centroamérica, además de ser una ruta del contrabando".
Como respuesta inmediata, este mes se anunció un conjunto de medidas para mejorar la seguridad en las islas, que incluye un plan para incautar armas ilícitas, aumentar los recursos a la fiscalía, la llegada de 50 uniformados más (hoy hay 600 policías), reforzar la investigación de delitos por parte de las fuerzas de orden y el pago de hasta alrededor de US$ 10.120 de recompensa por la identificación de los autores de los delitos.
"Este fallo (de la Corte Internacional de Justicia) removió y despertó en el corazón una gran deuda social acumulada por tantos años de aislamiento y marginación que se traduce en un grito que hoy reclama mayor inversión social para nuestras islas", recalcó recientemente la gobernadora del Departamento de San Andrés, Aury Guerrero.
