En 2015, la Municipalidad de Santiago efectuó diferentes fiscalizaciones en el centro de la comuna con el fin de evitar el comercio ambulante y sancionar a quienes adquirieran productos en puestos irregulares. La ordenanza municipal que permitía este control data de 2007. Sin embargo, aquellas inspecciones, realizadas en el marco del Plan Santiago Cívico, no arrojaron buenos resultados, al menos respecto de cifras: sólo se cursaron cinco partes efectivos.

Una situación similar ocurrió en Estación Central. La ordenanza que multa a quienes adquieran productos en el comercio callejero partió el año pasado, con multas que van de 1 a 5 UTM (entre $ 45 mil y $ 228 mil). "Desde entonces tuvimos un par de multas, pero muy menores", reconoció el edil de la comuna, Rodrigo Delgado.

Se trata de una discusión pública. ¿Se puede multar no sólo a quien venda cosas en la calle, sino también a la persona que las compra? El tema volvió a la palestra hace dos semanas, luego de que el concejo municipal de Concepción aprobara una normativa similar, que el pasado 14 de junio comenzó su primera etapa, con la entrega de partes de cortesía.

"Hasta el momento se han cursado más de cien partes de cortesía", contó Alvaro Ortiz, alcalde la ciudad penquista. Agregó que este proceso se enmarca en una etapa de reordenamiento del centro de la ciudad y que "a partir de julio comenzamos con la citaciones a los juzgados de policía". La multa que se cursará para quienes cometan esta infracción será entre 1 a 3 UTM (es decir, entre $ 45 mil y $ 136 mil).

Sobre las críticas que han surgido a partir de esta ordenanza, Ortiz señaló que "me quedo con la inmensa mayoría de personas que están de acuerdo con que alguien, por fin, enfrente el comercio ilegal de forma decisiva".

Relanzamiento

Pese a los escasos resultados obtenidos tras la puesta en marcha de la normativa, en ambos municipios capitalinos se afinan programas para relanzar la ordenanza.

"Inicialmente la principal dificultad fue la falta de fiscalización, pero hoy, con el apoyo en terreno de Carabineros, es posible hacerla cumplir", indicó Delgado.

El reciente miércoles 15, el municipio, junto a la policía uniformada, lanzaron la campaña "Compra en el comercio establecido". "Durante el último tiempo hemos visto un aumento del comercio ambulante. Buscamos desincentivar a que las personas compren a estos individuos sin permiso. Según nuestros análisis, más de un 80% de ellos están ligados a ilícitos", dice el edil.

Agregó que en una primera etapa "se está informando a la comunidad los aspectos de la ordenanza y realizando una campaña educativa respecto a lo que implica comprar en el comercio ambulante ilegal".

Esto va acompañado de la entrega de partes de cortesía, proceso que se extenderá por tiempo indeterminado. Después vendrán las multas efectivas.

La fiscalización también ha sido el gran inconveniente de Santiago para lograr que se cumpla con esta normativa. "Las personas fiscalizadas se han negado a entregar sus documentos de identificación a los inspectores", explicaron en ese alcaldía.

Debido a eso es que, según se indicó en el municipio, la alcaldesa Carolina Tohá propuso al entonces ministro Jorge Burgos "incorporar en la Agenda Corta Antidelincuencia una norma con la cual se establezca como una infracción a la ley el obstaculizar la labor de los inspectores municipales", lo cual fue incluido en la iniciativa, aprobada en mayo pasado.

Por ahora, ambas comunas buscan potenciar a sus inspectores, ante transeúntes infractores. Y así, la polémica se trasladó a la capital.