Tras demandar ante jueces agrarios la propiedad de un terreno de jefes paramilitares, el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos reveló que ahora el gobierno reclamará de la misma forma terrenos que debieron abandonar los campesinos antes presiones de las Farc.

Santos también ofreció recompensas de 2,5 millones de pesos (unos 1.300 dólares) para toda persona que brinde datos concretos que lleven a la captura de aquellos que amenazan o le ofrezcan a los reclamantes de tierras dinero a cambio de que renuncien a sus aspiraciones.

"El gobierno tiene muy claro: la ley se aplica para todo el mundo. Esto es una ley que vamos a aplicar para las Farc, para los paramilitares y para todos aquellos que se han hecho a tierra de forma ilegal", dijo Santos al anunciar la demanda en un acto desde la ciudad de Medellí­n, al noroeste colombiano y transmitido en vivo por la televisora estatal.

La demanda será presentada por el Ministerio de Agricultura, que indicó en un comunicado que se trata de lotes abandonados por su dueños por presiones de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la localidad de Ataco, en el departamento de Tolima y a unos 190 kilómetros al suroeste de Bogotá. La acción judicial será presentada ante jueces agrarios en Ibagué, la capital de Tolima, agregó el ministerio.

Se trata de lotes para al menos 20 familias, dijo en diálogo telefónico Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al ministerio, pero que carecí­a de inmediato del número exacto de hectáreas reclamadas y desde cuándo fueron abandonadas.

El pasado 27 de septiembre el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, demandó ante jueces agrarios la propiedad de una extensa finca del noroeste colombiano que perteneció a los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño. La demanda es por la restitución a sus legí­timos dueños de la finca Santa Paula, de 1.195 hectáreas, y ubicada en zona rural de Monterí­a, en el departamento de Córdoba y a unos 500 kilómetros al noroeste de Bogotá, según el ministerio. Una vez falle la justicia, la hacienda será entregada a 32 familias.

Santos reveló que tras presentarse la demanda en Monterí­a, desconocidos se acercaron a algunos reclamantes de la finca para ofrecerles al menos 2 millones de pesos (unos 1.100 dólares) a cambio de que dejaran de lado su acción. Esos desconocidos "muy sutilmente se acercaban y les ofrecí­an que firmaran un papel, que les daban 2 millones de pesos, pero al mismo tiempo como que les decí­an que sino firmaban podí­a tener consecuencias", narró el mandatario.

Los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño encabezaron las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o el paraguas que agrupó a los distintos grupos paramilitares, a quienes se acusa aquí­ de decenas de matanzas. Carlos, el menor, según la Fiscalí­a General, fue asesinado en abril del 2004 a manos de los propios paramilitares y su cadáver fue encontrado por agentes de la Fiscalí­a en una fosa común del noroeste del paí­s. Sin embargo, se desconoce la suerte exacta corrida por Fidel y Vicente, que se presume también murieron.

La propiedad de la tierra ha sido descrita comúnmente como una de las raí­ces del conflicto armado interno en este paí­s de 114 millones de hectáreas, de las cuales grupos no gubernamentales y funcionarios afirman que al menos dos millones le fueron quitadas a los campesinos por grupos armados ilegales, cuatro millones fueron abandonadas por sus propietarios por temor al accionar de esos grupos y entre 400.000 y 500.000 le fueron robadas al Estado en procesos fraudulentos en notarí­as y registros.