Después de 51 días de que los colombianos rechazaran en las urnas el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Presidente Juan Manuel Santos y el líder de la guerrilla, Rodrigo Londoño "Timochenko", volvieron a verse las caras hoy para firmar, por segunda vez, un acuerdo que busca terminar con el conflicto armado en el país.

La ceremonia contrastó con la realizada el 26 de septiembre, donde Santos y "Timochenko" firmaron, en una emotiva ceremonia en Cartagena de Indias, el acuerdo de paz frente a figuras clave de la comunidad internacional. Esta vez el escenario de la firma fue la capital colombiana y en vez de 2.500 invitados (entre los que había 15 jefes de Estado) hubo 800 asistentes en la ceremonia que fue catalogada como "austera" por los medios locales. En la calle fuera del Teatro Colón, donde se llevó a cabo la firma, unas 500 personas gritaban "¡Viva la Paz!". "Este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos", dijo Santos.

"Que la palabra sea la única arma de los colombianos", celebró por su parte "Timochenko", quien llamó a crear un "gobierno de transición" para implementar los acuerdos.

Santos ha dejado claro que tras la firma, el nuevo acuerdo alcanzado el 12 de noviembre se refrendará en el Congreso "en el curso de la próxima semana". El mandatario, que recibió el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por terminar con el conflicto armado, tiene mayoría en el Congreso para lograr implementar el acuerdo. Pero Santos aún no tiene el camino despejado y persisten las dudas sobre cuánto sustento tendrá la nueva propuesta.

La persistente oposición por parte del sector opositor del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) posiciona a la paz en Colombia en un escenario de incertidumbre.

Tras el sorpresivo revés electoral de Santos en el plebiscito del 2 de octubre, Uribe se situó como el gran triunfador del proceso. El resultado obligó al oficialismo a sentarse a dialogar con el sector opositor, concentrado en el Centro Democrático para incluir sus propuestas para el proceso de paz.

Pero el anuncio del nuevo acuerdo no dejó satisfecha a la oposición, que no sólo rechazó el pacto, sino que anunció que llamará a los mismos colombianos que los apoyaron el 2 de octubre, a salir a las calles.

La oposición liderada por Uribe dice que el nuevo pacto introduce algunos de los cambios solicitados, pero no los suficientes, como por ejemplo la limitación de la participación política de los rebeldes. Además, este sector sostiene que el acuerdo final debe ser refrendado por la ciudadanía a través de un referendo.

Por estas razones, la oposición propuso no acudir el martes a la votación que se hará en el Congreso sobre el nuevo acuerdo. Muchas de las aprehensiones de la oposición siguen siendo compartidas por gran parte de la ciudadanía. Una encuesta de la consultora Datexco asegura que el 58% de los colombianos cree que se deberían hacer más modificaciones sobre la base de las sugerencias de la oposición.

Por otro parte, uno de los grandes cambios del nuevo acuerdo es que éste no será incluido en la Constitución de ese país. Sólo se incorporará a través de un capítulo transitorio, que según explicó la semana pasada el analista colombiano Jorge Restrepo a La Tercera, le daría "más garantías" a la oposición, ya que el acuerdo podría seguir modificándose en el futuro.

Human Rights Watch, a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, crítico en un principio el primer acuerdo, asegurando que poseía "graves defectos que corregir". Sin embargo hoy se dieron a conocer dos opiniones opuestas de la organización. Durante la mañana se difundió una carta que Vivanco le envió a Santos felicitándolo por el nuevo acuerdo que consideraba "mejor que el original". Más tarde, el director de la organización aseguró estar "profundamente decepcionado" por una modificación de "último minuto" en el acuerdo, que permite a los comandantes del Ejército eludir su responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos. "El cambio realizado hoy (hoy) es una burda capitulación del gobierno de

Santos a la presión de los comandantes del Ejército que buscan aprovecharse del proceso de paz para garantizar su impunidad", dijo Vivanco.