"Sentimos llegar tiempos de incertidumbre", aseguró el sábado pasado el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", a través de una carta abierta al Presidente Juan Manuel Santos. "El gobierno nacional cumple demasiado lentamente su palabra. Los otros poderes titubean o actúan de modo sospechoso en relación con lo acordado", reprochó Londoño, quien el 25 de noviembre de 2016 firmó junto a Santos un acuerdo de paz definitivo que busca acabar con más de medio siglo de confrontación entre esa guerrilla y el Estado colombiano.
Tal como alertaron analistas y algunas figuras políticas colombianas, el proceso de paz ha estado marcado por los obstáculos. El desarme total de los guerrilleros, cuyo número se sitúa en siete mil, está previsto para mañana lunes, pero a esta altura este plazo es prácticamente imposible que se concrete.
Santos y Timochenko vivieron un momento histórico el 26 de septiembre pasado, cuando firmaron la paz por primera vez en una emotiva ceremonia en Cartagena de Indias. Menos de una semana después, el proceso quedó entrampado en las urnas: la ciudadanía decidió elegir la opción "No" en un plebiscito que buscaba refrendar el acuerdo. Entonces, el equipo de Santos incluyó a la oposición del país, liderada por el ex Presidente Alvaro Uribe, y el acuerdo de paz volvió a renegociarse.
Para febrero, el 90% de la guerrilla había abandonado sus campamentos en la selva y se trasladó a 26 veredales, zonas monitoreadas por la ONU en las que las Farc deben entregar sus armas. De las 14 mil armas en su poder, Naciones Unidas ha recibido 1.000. En ese sentido, Jesús Santrich, del equipo negociador de la guerrilla, anunció que se necesitarán al menos dos meses más para concluir la entrega de armas.
Pero el miércoles de la semana pasada todo se entrampó aún más después de que la Corte Constitucional colombiana rechazó dos apartados del Acto Legislativo para la Paz, el llamado "fast track", una iniciativa aprobada en diciembre pasado que crea un procedimiento especial para expeditar las reformas legales y constitucionales que se derivan de los acuerdos de paz.
El "fast track" no sólo permitía acelerar el proceso, ya que reduce a la mitad los debates en el Congreso, sino que también otorgaba facultades especiales a Santos para expedir decretos relacionados con el desarrollo del acuerdo de paz.
La corte tomó la decisión luego de una demanda del senador Iván Duque, uno de los férreos opositores al proceso de paz y quien encabezó junto a Uribe la campaña del "No" en Colombia. Bajo el Acto Legislativo para la Paz, el Congreso aprobó leyes que han sido clave para el proceso, como la de amnistía e indulto para los guerrilleros con delitos políticos y su participación política en el futuro.
Los partidarios de esta medida estiman que sin el "fast track" el proceso se puede alargar más allá del 2018. Tras la deliberación de la corte no se necesitará tener aval del gobierno para hacer modificaciones al acuerdo y tampoco se votará en bloque cualquier modificación. Ahora se deberá debatir y aprobar cada artículo que entre en discusión. Para contrarrestar este impasse, Santos anunció el viernes que expedirá varios decretos de ley que agilizarán la implementación de los acuerdos de paz dirigidos particularmente al desarrollo del campo. Ayer, el mandatario dijo que todos deben "estar prestos a hacer cumplir los acuerdos. Todos, e incluyó a las Farc, al Congreso, a las cortes y a todos los colombianos", señaló.
Renegociación
"El gobierno acata y respeta la decisión de la corte, pero no la comparte", aseguró la semana pasada el ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo.
El secretariado de las Farc reafirmó su decisión de "seguir cumpliendo con lo acordado", pero advirtió que el fallo "contiene el peligro de renegociar", una vez más, el acuerdo en el Congreso. "Cambia de facto las condiciones para que todo el proceso se surta en los tiempos hasta ahora establecidos", argumentaron las Farc.
"El fallo de la corte pone en duda la voluntad del Poder Judicial por garantizar la implementación de un acuerdo que costó cinco años en lograrse. La corte retrasa el trámite y juega con el tiempo. Hoy solo vamos en el 17,5% de las normas aprobadas necesarias para cumplir lo pactado", explicó a La Tercera el politólogo colombiano Jairo Rivera.
Algunos sondeos confirman el escepticismo que reina en Colombia. El 65,2% cree que la implementación va por mal camino, según una encuesta divulgada por la firma Invamer para Caracol Televisión.
"La gente no está siendo muy optimista en función de la implementación. Siguen respaldando la paz, pero hay muchas dudas alrededor de la implementación de los acuerdos. Si a eso le sumas las complicaciones que ha habido a partir del inicio del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, eso ayuda a confundir mucho más el clima y generar un optimismo no tan amplio alrededor de la paz", aseguró a La Tercera el analista político colombiano Augusto Reyes.
