La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, recibirá este viernes al subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, para sostener una reunión ante la eventual existencia de un tráfico de armas proveniente desde el país transandino a grupos radicalizados de La Araucanía. En específico, se intentará recopilar antecedentes sobre si algún armamento que salió de ese país llegó a alguno de los ocho detenidos el fin de semana, en el marco de la Operación Huracán.
La inquietud de la autoridad de gobierno se basa en que la Fiscalía de la IX Región dio a conocer una conversación, supuestamente interceptada al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en que se da cuenta de esta situación. El diálogo tiene como presuntos interlocutores a Llaitul y Jorge Huenchullán. Este último habría escrito: "Envié el listado en un archivo Excel", en que se detallan seis escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, dos fusiles, 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 mm. y 84 balas calibre 9 mm. Llaitul habría respondido: "De Argentina me van a llegar. El 15 te envío".
La vocera de gobierno, Paula Narváez, dijo que hay "antecedentes que ameritan el viaje del subsecretario del Interior a ese país, con el objetivo de intercambiar información". Más tarde, el mismo Aleuy señaló que "es una visita más amplia" que está relacionada también con la visita del Papa y un acuerdo para la destrucción de los pasos (ilegales) que hay en la Novena y Décima Región. "Finalmente, recaudar información sobre este eventual tráfico de armas", dijo.
Sobre si existen más antecedente, Aleuy manifestó que "hasta ahora" sólo se tiene conocimiento de lo informado por la fiscalía. Añadió que será en la reunión con la autoridad argentina donde se podría intercambiar más información.
El tema no será ajeno para la ministra Bullrich, puesto que la secretaria ha sido una de las más críticas con los atentados que se han ejecutado en el sur de Argentina. El 8 de agosto, en entrevista con Radio Mitre, dijo que "no vamos a permitir una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina". En Chile existen algunos antecedentes que dan cuenta de este vínculo. En algunos de los atentados de este año se han hallado lienzos en que reivindican a comuneros mapuches detenidos en Argentina.
¿Cómo se gestó el caso?
Fue a las 11 de la mañana del jueves que un sobre llegó hasta las dependencias del Ministerio Público de La Araucanía. En su interior se encontraba el Informe 130 de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, que contenía los registros de las conversaciones de WhatsApp y Telegram de los presuntos miembros de la organización, catalogada como terrorista por el Ministerio Público.
El escrito, que estaba firmado por el jefe de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, daba cuenta de que había tomado la decisión de liberar el contenido de las pesquisas que ellos realizaron de manera autónoma, con la autorización de la Corte de Temuco, las que fueron recabadas en el marco de la Ley de Inteligencia. Estas fueron entregadas al Ministerio Público. Con esto, la policía daba inicio al caso, pero la fiscalía determinó que esos antecedentes eran insuficientes para pedir detenciones. Por esto envió a los policías un requerimiento con precisiones sobre los roles del grupo. Esa respuesta llegó el viernes y se ordenaron los arrestos.
Para la fiscalía, no obstante, esta prueba es solamente indiciaria. Ahora, deberán recopilar los antecedentes que sustenten la acusación penal. Una de las diligencias será analizar los 38 celulares incautados a los imputados y verificar que las conversaciones descritas en él se encuentre en los equipos. La primera prueba, eso sí, dio positivo. Cuando fue detenido Martín Curiche, este estaba con su teléfono. Al ser pesquisado, efectivamente estaba la conversación que había informado Carabineros.
Este medio de prueba tiene detractores. Pascual Pichún Collonao, lonko de la comunidad de Temuylemu de Traiguén, indicó que "las pruebas que ha obtenido nos parecen burdas. Claramente, hay una intención de montaje".
En tanto, el abogado Richard Caifal, miembro del directorio de la Enama, dijo que "tal medio de prueba resulta cuestionable respecto de su eficacia ante un eventual juicio y posterior dictación de una sentencia".
