SEC de EE.UU. demanda a socio de Consorcio por uso de información privilegiada

10 de marzo de 2014. Juan Bilbao Hormaeche (55 años) participó telefónicamente en una sesión de directorio de la farmacéutica CFR en la que se discutió una propuesta confidencial que un día antes hizo la estadounidense Abbott Laboratories para adquirir la chilena.

12 de marzo de 2014. Juan Bilbao comienza a comprar, hasta el 7 de mayo, 707 mil ADS (American Depositary Shares) de CFR en US$ 14,35 millones, a través de una empresa offshore: Somerton Resources Limitad.

16 de mayo de 2014. Abbott anunció un acuerdo para adquirir CFR.

Por estos hechos, relatados en un escrito presentado ayer en tribunales de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos (SEC) acusó a Juan Bilbao y Tomás Hurtado, ambos ejecutivos de Consorcio, de usar información privilegiada. Hurtado invirtió US$ 707 mil.

En septiembre, ambos vendieron sus acciones en la OPA (Oferta Pública de Adquisición de Acciones) que Abbott lanzó por el 100% de la chilena. La estadounidense pagó US$ 2.900 millones  por CFR. Por esas operaciones, Bilbao ganó US$ 10,1 millones y Hurtado, US$ 495 mil, según la SEC.

Bilbao, presidente y socio minoritario de Consorcio Financiero y director de varias compañías chilenas (ver recuadro), fue acusado por el regulador en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de dos violaciones a la Ley de Valores de ese país. "Bilbao abusó de su posición en el directorio de la empresa al acumular ADS  sobre la base de información privilegiada, (sabiendo) que pronto habría una gran ganancia sobre esas acciones", dijo Karen L. Martínez, directora de la Oficina Regional de la SEC en Salt Lake. La acción también se extendió contra Tomás Hurtado Rourke (40 años), ingeniero comercial UDP, gerente de inversiones de las tres aseguradoras y el banco del grupo Consorcio.

CONGELAR ACTIVOS

La SEC pidió a la corte que congele los activos de Bilbao, Hurtado y  Somerton, lo que ya habría sido concedido por los tribunales, dijo el organismo. Asimismo, solicitó "repatriar todos los fondos y activos obtenidos de las actividades ilícitas".

La ley de valores de EEUU establece que las multas a los infractores pueden llegar hasta tres veces la ganancia obtenida ilícitamente. De esa manera, Bilbao arriesgaría el pago de hasta US$ 30 millones.

En Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) evitó referirse expresamente al caso y solo respondió que está "monitoreando permanentemente todos los movimientos accionarios que se producen ante situaciones tales como noticias o hechos relevantes, pero mantiene reserva sobre las diligencias y/o procedimientos que realiza". "Esto es inédito", dice un abogado experto en derecho corporativo sobre la acusación de la SEC contra un inversionista chileno. El ex superintendente Alejandro Ferreiro explicó que "para que se produzca una demanda de la SEC, tiene que ser por información privilegiada de un chileno sobre instrumentos transados en EEUU".

"A pesar de sus deberes y obligaciones, Bilbao operó con ADS de CFR sobre la base de información esencial, no pública, que obtuvo de los directorios. Lo hizo para beneficio personal. Al hacerlo, infringió su deber fiduciario, u otras obligaciones derivadas de una relación similar de confianza, con los accionistas de CFR", dice la demanda de la SEC.