En abril de 2013 causó conmoción nacional la noticia de un grupo al que se le bautizó como la "Secta de Colliguay". Se trataba de una decena de jóvenes, liderados por Ramón Castillo Gaete (35), quien se hacía llamar "Antares de la luz" y que, según constató la investigación del fiscal de Quilpué Juan Emilio Gatica, en noviembre de 2012 participaron en un ritual que terminó con la muerte de un lactante de pocos días de edad, sacrificado por la supuesta proximidad del "fin del mundo".
Siete de los involucrados finalmente fueron formalizados y acusados de homicidio calificado, salvo en el caso de Natalia Guerra, madre de la víctima, a quien se le hicieron cargos por parricidio. Castillo Gaete, en tanto, a principios de mayo de ese mismo 2013 fue hallado sin vida, en una casa abandonada de Cusco, Perú (ver cronología).
Luego de cuatro años de investigación, el pasado 6 de marzo el Juzgado de Garantía de Quilpué, en un juicio abreviado, dictó las condenas, que solo fueron con cárcel efectiva (cinco años) para dos de ellos: Pablo Undurraga y Natalia Guerra.
Parecía el final de una de las historias policiales más macabras del último tiempo. Sin embargo, aún no concluye, ya que uno de los condenados no solo permanece prófugo, sino que jamás llegó a cumplir el castigo a algún penal del país. Desapareció.
Se trata de Natalia Guerra Jequier, declarada culpable por parricidio consumado, cuya condena, al igual que en el caso de Undurraga, fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, donde se declaró inadmisible la queja de su defensa, que buscó que se la tuviera por inimputable en razón de su condición sicológica.
Del fallo a la fecha han transcurrido siete meses. Y sigue desaparecida. Según consta en el expediente de la causa, el 24 de abril pasado, el juez titular del Juzgado de Garantía de Quilpué, Milenko Grbic, dictó una orden de detención contra Guerra y Undurraga para que ambos dieran cumplimiento a la pena. Ese 29 de abril, indica la misma carpeta, "el condenado Pablo Undurraga se presentó en el Complejo Penitenciario de Valparaíso para ingresar a cumplir la condena impuesta". Luego sería trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago. De Natalia Guerra, en cambio, ese informe de Gendarmería nunca llegó.
En Carabineros se informó que "la mujer se dio a la fuga y se mantiene prófuga de la justicia, por lo que hay una orden de detención nacional en su contra".
El hecho habría ocurrido desde su domicilio, ubicado en la localidad de San Juan de Pirque, Región Metropolitana, donde cumplía arresto domiciliario. Trascendió que en medio de las visitas policiales a la vivienda de la mujer fue cuando se habría quebrantado la medida.
Informe de la PDI
El pasado 5 de julio, la PDI emitió un informe al tribunal dando cuenta de las diligencias efectuadas para dar con el paradero de la imputada. En él se destaca que Guerra no tendría salidas recientes del país y que, además, se entrevistaron y empadronaron diferentes familiares cercanos.
En el reporte también se indica que, consultada la madre, Ana María Jequier, "señaló que se había ido al sur del país ya que su intención era evadir la justicia, sin tener conocimiento de dónde se encontraba, ni tampoco que mantenía contacto con ella".
Gustavo Guerra, padre de Natalia, abordado por La Tercera, manifestó que "para nosotros, como familia, es una situación muy complicada, no nos vamos a referir al tema".
El defensor de la condenada, Claudio Pérez, aseguró, vía correo electrónico, que "la última vez que la vi fue con ocasión de los alegatos en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el 29 de marzo pasado. No me corresponde hacer suposiciones sobre sus decisiones personales".
El documento final que recibió el tribunal de la causa, en julio pasado, dice que "a sus antecedentes, el parte remitido por la Policía de Investigaciones de Chile, con resultado negativo, respecto de la sentenciada Natalia Guerra Jequier, y téngase presente lo informado".
La Tercera intentó contactarse con el fiscal Gatica, pero no fue posible.
