Segismundo Schulin-Zeuthen, presidente de la ABIF: "Hay un problema ideológico detrás de la eliminación del CAE"

En marzo de 2014, tras terminar su período como presidente de BancoEstado, Segismundo Schulin-Zeuthen, uno de los ejecutivos chilenos históricos de la banca local, pensó en su retiro definitivo del sector en el que trabajó por más de cuatro décadas. Diez meses después, sin embargo, volvió al ruedo, asumiendo como máximo representante de la industria a la que ha dedicado casi toda su carrera. A fines de 2016, pese a evaluar su retiro definitivo, nuevamente cambió de planes y aceptó presidir por un segundo período de dos años la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif).

A sus 72 años, el ahora dirigente gremial relata que tras finalizar su etapa en BancoEstado decidió bajar la intensidad de sus obligaciones: llevaba más de 45 años en el sector y quería dedicar más tiempo a la familia y a sus emprendimientos, pero "cuando sonó el teléfono, el sentido del deber me impulsó a aceptar la presidencia de la asociación". Por entonces, el gobierno había anunciado la redacción de un proyecto de reforma a la Ley General de Bancos (LGB), con el fin de adoptar los estándares internacionales de Basilea III y adecuar la norma local a las nuevas exigencias de la industria a nivel global. El texto está listo y debiera llegar este año al Congreso.

A fines de 2016, cuenta, revaluó el tema y optó por continuar al mando de la Abif: "Hoy estamos en una etapa bastante crucial para lo que ocurra con la LGB y otras regulaciones. No podía restarme, había estado trabajando dos años en eso y no podía dejarlo inconcluso. Eso me hizo decidir continuar y tratar de dejar este proyecto, fundamental para el desarrollo de la banca, ojalá como ley".

Un compromiso con el futuro que, en su opinión, "es algo que falta en el gobierno y que queda en evidencia en las reformas que busca impulsar como, por ejemplo, los cambios al sistema de pensiones y a la Constitución".

Advierte que la clase media ya resiente los efectos de las decisiones de esta administración, defiende la creación y permanencia del Crédito con Aval del Estado (CAE), objeta la propuesta de pensiones anunciada hace unas semanas, porque estima que generaría una competencia desleal, e insta a tramitar correctamente la nueva Ley del Sernac, de datos personales y la que regula el consentimiento.

Schulin-Zeuthen fustiga que el país cambió con el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que el valor del diálogo y del consenso se perdieron. "El sentimiento que tengo es que cuando se conversa a uno lo oyen, pero no lo escuchan", se lamenta. Y enumera lo que califica como pruebas de esa actitud: los resultados de las reformas tributaria, laboral y educacional, pero también la decisión del ex Presidente Ricardo Lagos de bajar su candidatura a La Moneda, tras no lograr el apoyo del Partido Socialista, que optó por la candidatura del senador Alejandro Guillier.

Con todo, espera que la próxima administración reposicione la importancia del crecimiento económico en la agenda nacional y que gobierne con una mirada de largo plazo.

¿Qué espera de lo que resta de este gobierno?

No se puede pretender que no se envíe nada, pero sí que levantemos la mirada y veamos cómo volver a crecer. Es complejo, porque se adelantó el proceso electoral y al discutir temas fundamentales para el país a veces las ideologías hacen buscar soluciones que no son las óptimas. Un ejemplo son las pensiones. El anuncio del gobierno tiene cosas positivas: salió del debate el sistema de reparto y se clarificó que las pensiones dependen del ahorro. Pero tiene ciertas complejidades que preocupan. Primero, el tema del 2% es injusto, porque la nueva solidaridad la paga la clase media o quienes tienen contrato de trabajo, que son los más complicados con las pensiones. Los quintiles más bajos acceden al Pilar Solidario, que no resuelve el problema, pero les da cobertura; el ABC1 tiene otras formas de ahorrar y es la clase media la que está realmente pagando esa cuenta.

¿Incluir a un administrador estatal complicó más el debate?

La discusión se ha desviado a quién administra y ese no es el problema, sino cómo mejorar las pensiones. El gobierno establece una competencia desleal, porque el 5% estaría cautivo. Si el gobierno piensa que hay poca competencia, entonces que cree una AFP estatal que compita en iguales condiciones, con los mismos requisitos de capital y reservas que las privadas. Eso permitiría que la gente decidiera dónde va su ahorro y no le impusieran que un 10% va por una vía y el otro 5%, por otra.

¿Cuáles son las otras complejidades que advierte en la propuesta del gobierno?

Que el alza de la cotización de 5% aún es insuficiente, pese a ser un avance, porque no logrará tasas de reemplazo como las que la gente quiere. Para mejorar las pensiones de quienes serían beneficiados con el 2% sería bueno usar fondos generales. Es peligroso anunciar que las pensiones van a aumentar 20% sin explicar cómo y de dónde saldrán los recursos.

¿Cómo evalúa el rol que ha jugado el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés?

En el momento en que empezó a encauzar ciertas cosas, el ministro tomó un rol más político. Manejar esa situación debe ser difícil cuando hay gente del propio gobierno que no cree en el crecimiento y que están tomando decisiones que comprometen gasto futuro.

¿A qué decisiones se refiere?

No sé si alguien ha analizado cuánto estamos hipotecando el futuro con medidas que se están tomando como, por ejemplo, la eventual eliminación del CAE, el que se creó porque el gobierno no tenía recursos. Si esto se elimina o se cambia, los más afectados serán los estudiantes de clase media que no accederán a la gratuidad. Son cosas difíciles de entender; comprendo las presiones políticas, pero se usan ciertos eslóganes que no van al fondo del porqué se creó y el impacto de eliminarlo o cambiarlo. Lo importante es que los alumnos tengan acceso al financiamiento y que el Estado recupere esos recursos a tiempo.

¿Qué elementos no se están considerando?

Las razones que impulsaron la creación del CAE. Una fue evitar que el Estado otorgara los créditos directamente, no sólo porque no tenía recursos, sino porque la cobranza se dificulta y aparecen apremios para hacer condonaciones, tal como ocurrió con los deudores habitacionales. Otra cosa es que quienes piden dejar fuera a la banca no reparan en que hubo un año en que BancoEstado otorgó el 100% de los créditos, porque ningún privado se interesó. Además, la tasa hoy incorpora la corrección de UF+2%, que no es de mercado, porque tiene un subsidio que ya da el Estado.

¿Son injustas las críticas a ese sistema?

Hay un problema ideológico detrás de la eliminación del CAE, no económico, y por eso se culpa a los bancos. Esto está generando costos de imagen y por eso muchos bancos nunca quisieron entrar. Y si el Estado asume esta responsabilidad, de alguna parte tendrá que sacar esos recursos, lo que implicará más gasto fiscal.

¿Cuáles son los principales desafíos para su segundo período liderando la Abif?

El primordial es la Ley de Bancos, pero también hay una serie de proyectos en que avanzar y resolver de una vez, como, por ejemplo, el Sernac y la privacidad de datos. En este último caso, el gobierno no abordó las obligaciones financieras comerciales y es preocupante.

¿Por qué? ¿Cómo afecta a su industria?

Si queremos generar más inclusión financiera la información es vital, porque es relevante para determinar el precio: la tasa que se cobra incluye el costo de fondo (lo que les pago a los ahorrantes), el costo de capital, los gastos operativos y la prima por riesgo. Esta última está vinculada a la información positiva y negativa que tengo y hoy la información está incompleta, lo que la aumenta. Poner un límite a la Tasa Máxima Convencional genera una salida de clientes del mercado formal. Por eso, es importante que se discuta el acceso a la información. Y ojalá saliera adelante la deuda consolidada, porque disminuiría el precio.

La reforma al Sernac lleva casi cuatro años en el Congreso. ¿Dónde está el mayor problema?

Nadie niega la necesidad de un Sernac, pero con facultades acotadas y sin ser juez y parte; ese tema es fundamental. Además, es necesario ponerle contrapesos. Por ejemplo, en el caso de la banca, en una acción contra algún banco debería pedir la opinión del regulador técnico.

¿Lo dice por la demanda que presentó contra el Security, por los 1.100 reclamos de clientes que no pudieron acceder a la página web?

Eso es medio incomprensible, considerando que el banco está cambiando el core. Quienes tenemos experiencia en esto sabemos que es algo realmente complejo, al punto que hay bancos a los que les ha tomado tres años. Entonces, que un banco tenga 1.100 reclamos por eso es algo mínimo frente a los problemas que podrían haberse generado. Además, la SBIF (Superintendencia de Bancos) ha estado encima de este cambio, no se generó daño patrimonial a los clientes, son servicios por los cuales el banco no cobra y que se pueden obtener por otras vías. Si no se puede obtener el saldo por la web, se puede pedir en la sucursal o sacar en un cajero... Con la demanda al Security, el Sernac entró en un campo complicado; frente a este tema debió haber conversado con el regulador.

¿Le preocupa el precedente que establece?

Sí, porque puede ser muy complejo. Hay que clarificar muy bien los ámbitos de acción, porque si va a empezar a demandar por este tipo de cosas se puede inhibir la innovación y sería fatal que el Sernac generara eso. Por eso, si eso es realmente en defensa del consumidor, por qué no ha demandado a servicios que proporciona el gobierno, que son básicos y pasan cayéndose. Hay un sesgo que preocupa, más cuando somos un negocio de confianza. No puede haber un ente del Estado que esté generando efectos no deseados.

¿Qué otros proyectos preocupan a su sector?

Cuando vemos el tema de las aguas, lo que se está discutiendo es el derecho de propiedad. Nadie discute que el consumo humano es prioritario ni que es un derecho intocable. Es más, si hay necesidad de expropiar, que se expropie, pero que se pague. Y desde el punto de vista de la banca, el valor de la garantía de la tierra es muy distinto con o sin derechos de agua, que se afectan si hay incertidumbre en el futuro.

No es fácil debatir en un año electoral...

No, pero uno tiene que pensar a futuro, porque si no estamos mal. Si se legisla para el corto plazo no se buscan soluciones innovadoras y tecnológicas sostenibles, lo que genera expectativas inmensas a futuro. Hay que reformar el Estado, porque sigue creciendo y estos temas parecen no estar presentes. Por ejemplo, se habló de 100% de gratuidad en la educación superior y ahora con suerte sería 60%, sigue estando en glosa y no es ley, así que lo que era muy loable ha terminado en una discusión de gratuidad y cómo se reparten la torta en las universidades. Ojalá el próximo debate sea sobre calidad.

¿Cómo queda Chile tras estos cuatro años?

Nos farreamos de nuevo una oportunidad de lograr el desarrollo en un tiempo razonable y recuperar el dinamismo no es algo fácil en el corto plazo. Las confianzas se deterioran muy rápido y retomarlas cuesta tiempo.

El año pasado se habló mucho de confianza, de crecimiento... ¿Percibe algún cambio?

Hasta ahora no, pero eso es labor de todos, no sólo del gobierno. También están el Congreso, los empresarios. Todos hemos sido golpeados por situaciones difíciles. Lo importante es aprender y tomar las medidas pertinentes.

El primer gobierno de la Presidenta Bachelet fue bien evaluado, pero el actual ha sido difícil. ¿Cree que hipotecó su capital político?

No se puede dudar de sus intenciones, quería un país más justo y con menos desigualdad. Las políticas públicas que implementó no ayudaron a lograr esos objetivos, más bien al contrario. En los últimos 30 años hubo una política de consensos, de conversar, de buscar las mejores soluciones a los problemas. En este gobierno eso terminó y entramos a una nueva etapa.

¿Qué espera del próximo gobierno?

Que volvamos a conversar, a escucharnos y encontrar soluciones convenientes para el país. Es fundamental volver al diálogo público-privado fructífero, tenemos que cuidar a Chile. Dicho esto, hay que hacer ajustes a las reformas tributaria, laboral y educacional, lo que hemos venido sosteniendo desde el inicio. Las reformas eran necesarias, debían ir enfocadas al desarrollo del país, pero al eliminar todos los beneficios al ahorro e inversión, se hizo difícil que nos desarrollemos.