El ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo, junto al Director General subrogante de la PDI, prefecto general Juan Hernández, y el fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, dieron a conocer la incautación de más de 2 toneladas de droga, en el marco de la denominada Operación Mascarada.
Según explicó Peñailillo, durante agosto, "con la droga incautada se alcanza prácticamente a todo lo que se decomisó en 2013, en torno a las 20 toneladas".
Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a que "coopere y siga colaborando con las instituciones para cada día tener un mejor trabajo, porque esto va en directo beneficio de las familias, los jóvenes, los habitantes de nuestras ciudades, de nuestros sectores urbanos esencialmente, donde esta droga iba destinada".
El Director General (s) de la PDI, puntualizó que ésta es la "segunda incautación más importante de los últimos 10 años. Cerca de 2,5 toneladas de droga, equivalente a más de 10 millones de dosis". Y agregó que "en las últimas semanas se han incautado cerca de 8 toneladas de droga, significa una disminución importante para Fiestas Patrias".
EL SEGUNDO MAYOR DECOMISO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
El viernes pasado, la PDI realizó el decomiso de 2,4 toneladas de cocaína base y marihuana a la altura de la ciudad de Pichidangui, que viajaban a Santiago en un minibús desde Calama. La banda responsable de este traslado, equipada con equipos de comunicación, contaba con una camioneta minera y personas disfrazadas como trabajadores de esta industria, en lo que era un segundo envío de droga, que tenía como destino el mercado interno, principalmente para ser distribuidos en las próximas Fiestas Patrias.
En la acción realizada por los detectives se detuvo a las personas que realizaban el traslado. En el lugar se incautaron 2.135 paquetes de droga y, posteriormente, en el allanamiento de un inmueble en la ciudad de Pichidangui, fueron encontrados otros 533 contenedores con droga que habían sido traslados anteriormente.
Según los antecedentes que logró recabar la policía civil, el cargamento provenía de Bolivia y se acopiaba en la región de Coquimbo, en un inmueble de la localidad de Vicuña. Al igual que en un decomiso anterior, se comprobó que los responsables de este transporte cubrían su actuar con una caracterización ligada a empresas mineras, lo que les permitía pasar desapercibidos.
