Según los registros de Gendarmería, a los que tuvo acceso La Tercera vía transparencia, actualmente en Chile hay seis personas, todos varones, que se encuentran cumpliendo condenas por haber practicado un aborto. La mayoría tiene, además, otros delitos asociados de mayor gravedad asociados, que les adicionan años de cárcel.

El caso más reciente es el de un enfermero de 76 años, de Magallanes, que fue sentenciado en 2013 a  un total de 818 días de presidio -sin opción a beneficios- por interrumpir embarazos en reiteradas oportunidades. Su condena, que culmina en agosto de este año (ver infografía), es la única del registro de Gendarmería donde se sanciona específicamente el delito aborto. Eso, pues los cinco reclusos restantes tienen otros ilícitos incluídos en la pena, como homicidio, violación y abuso sexual, entre otros.

Las condenas se lograron porque en la legislación chilena esta práctica está penalizada (ver recuadro). Sin embargo, el abogado de Comunidad y Justicia, Ruggero Cozzi, dice que "la cifra es baja porque es un delito difícil de probar, sobre todo cuando se trata de una mujer que voluntariamente se practica un aborto. Actualmente, el aborto se practica en la casa donde una mujer, de forma ilegal, compra el medicamento Misoprostol para expulsar el feto. Si te fijas en el registro, no hay mujeres que estén cumpliendo pena por este delito".

Agregó que "además, hay convenios entre el Ministerio Público e instituciones que rehabilitan a mujeres que se han sometido a abortos para que éstas tengan salidas alternativas, porque hay una realidad que no se dice en Chile, y es que el aborto voluntario genera secuelas psicológicas".

ABORTO TERAPÉUTICO

El tema ha generado debate debido a las últimas declaraciones de la ex ministra de Salud, Helia Molina, quien aludió posibles prácticas de este tipo en clínicas privadas, en el marco del proyecto de ley que el Gobierno enviaría al Congreso este mes para permitir el aborto en tres casos: cuando hay riesgo para la vida de la madre, por inviabilidad del feto o si una mujer fue sometida a una violación. Para ello, el Minsal elaboró un informe que tipifica los escenarios.

Pese a esto, el presidente de la comisión de Salud del Senado, Guido Girardi (PPD), aseguró que en paralelo a los pasos del Ejecutivo, ya se está avanzando a nivel parlamentario en la discusión. De hecho, Girardi inició conversaciones con su símil de la Cámara de Diputados para impulsar diálogos ciudadanos. "Queremos generar en todas las regiones una discusión amplia, seria y  profunda sobre el derecho de las mujeres chilenas a la interrupción del embarazo por las tres causales consensuadas en el programa de la Presidenta", dijo.

Para Cozzi, esta discusión es "un fiasco, porque actualmente cualquier médico del comité de ética de un hospital público o privado, cuico o no cuico, te va a decir que se pueden hacer intervenciones para salvar la vida de la madre y que eso no está penalizado. Lo que hay detrás  es intentar legalizar el aborto en otro tipo de situaciones, que es el aborto libre o por razones personales de la mujer".

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, dijo que en promedio "llega una mujer al día, a los hospitales o maternidades de alta complejidad, con signos de aborto. A la mujer se le ingresa y se le resuelve el riesgo vital o de secuelas. Ellas no llegan diciendo me hice un aborto". Añadió que depende del profesional si decide denunciar un posible delito. "En lo personal, jamás denunciaría a una paciente, porque eso está dentro del respeto al secreto profesional, porque la mujer llega a pedir ayuda y no que la meta presa".

La declaración de Román va en línea con el instructivo del Minsal, distribuido el año pasado en los hospitales, donde se insta a médicos y profesionales de la salud a no "extraer confesiones sobre dicha conducta (aborto) a las mujeres que requieran atención médica como resultado de dicho ilícito, cuando con ello se vulnera el secreto profesional derivado de la relación de confidencialidad médico-paciente".