El Senado despachó el informe de la Comisión Mixta que buscaba zanjar las diferencias entre ambas Cámaras sobre el establecimiento de medidas sobre la actividad del lobby y las gestiones que representen los intereses particulares ante autoridades y funcionarios.

Por 24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones aprobó el proyecto que ahora pasará a la Cámara de Diputados.

El ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, señaló que "estamos ad portas de aprobar una ley histórica para perfeccionar la probidad y la transparencia en Chile".

El titular de la Segpres aseguró que el nuevo registro "será mucho más completo, la fórmula del registro antiguo es la que llevó al fracaso, tiene un problema porque quedaba afuera un porcentaje muy importante de la actividad de lobby. Con la fórmula que nosotros hemos logrado proponer y aprobar se logra la plena transparencia de todas las actividades de lobby".

"Lo importante es que tenemos por fin ley de lobby y esperamos que mañana se apruebe en la Cámara de Diputados", agregó.

El proyecto establece que determinadas autoridades o funcionarios deberán registrar y poner a disposición del público en sus sitios web de transparencia activa, la información de las audiencias y reuniones sostenidas con las personas que realicen lobby y gestionen intereses particulares. Este detallado registro deberá ser  actualizado mensualmente.

Asimismo, establece la obligación de publicar los viajes realizados, mencionando especialmente el destino del viaje, su objeto, el costo total y la persona jurídica o natural que lo financió, y la información completa sobre los donativos oficiales y protocolares que dichas autoridades o funcionarios reciban.

El registro público incluirá además el nombre del lobbysta o gestor de interés particular con quien la autoridad tuvo audiencia o reunión, la fecha, el lugar, la materia tratada, a nombre de quién se gestionaron los intereses, la individualización de las personas presentes y si el lobista percibió una remuneración por dicha gestión.

La iniciativa, además, contempla sanciones para las autoridades o funcionarios que no registren la información a que están obligados o que lo hagan de manera inexacta o falsa. También se establece una sanción penal, consistente en una multa de 10 a 50 UTM a las personas que soliciten reunión o audiencia y omitan información de modo inexcusable o que a sabiendas entreguen información inexacta o falsa.