El Senado mexicano advirtió hoy al Gobierno que debe dar respuestas "tangibles" de acuerdo a derecho y evitar acciones represivas o autoritarias ante la exigencia social de justicia por la desaparición de 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero.

"Cuando un Estado responde violentamente a las demandas de la sociedad, su legitimidad queda hecha añicos y su permanencia sólo dependerá del uso de la fuerza", señaló el presidente del Senado, Miguel Barbosa, a través de un comunicado.

El senador apuntó que la obligación del Estado es garantizar la libre expresión, el libre tránsito, los "derechos de quien legítimamente se rebela contra la injusticia, pero también debe asegurar la preservación del orden público". 

Barbosa insistió en que ante la crisis que vive el país, el Gobierno se debe enfocar a determinar el paradero de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, y apuntó: "ésta es la prioridad, estas desapariciones constituyen el gran problema".

El líder del Senado pidió a la sociedad mexicana a expresar su solidaridad con los familiares de los desaparecidos y exigir avances en las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos.

Miguel Barbosa subrayó la necesidad de concluir las investigaciones y presentar los resultados de ésta, consignar a los responsables por los delitos que corresponden, así como desmantelar a las bandas que operan en Iguala y en todo Guerrero.

Apuntó la urgencia de una reforma a fondo de las instituciones policiales "de tal forma que las corporaciones estatales queden bajo el mando de una policía nacional".

El senador también condenó la violencia de grupos minoritarios que han protagonizado hechos vandálicos, los cuales están al margen de los miles de mexicanos y mexicanas que se expresan en las calles en solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, aunque advirtió que las autoridades no deben caer "en la tentación de impedir formas de libre expresión y libre tránsito".

Consideró que toda acción penal debe estar acompañada de investigaciones en ministerios públicos, integración con pruebas, consignación a jueces y detener a quienes sean los responsables.