Senado enviará contratos de asesores a fiscalía, pero no informes de respaldo

A la hora de almuerzo de este lunes, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, encabezó una reunión de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara Alta, en el edificio del Congreso, en Santiago.

En la cita -convocada originalmente para abordar la tramitación del Presupuesto 2018- fueron socializados dos informes en derecho entre los legisladores presentes: uno elaborado por el penalista Jorge Bofill y otro confeccionado por el equipo de abogados de la fiscalía del Congreso. Ambos buscaban establecer base jurídica para responder la solicitud del fiscal Manuel Guerra, quien tras una investigación periodística que detectó plagio en informes de un asesor del senador Alejandro Guillier, requirió en dos ocasiones los informes y contratos de todos los asesores externos que hayan trabajado para el Senado entre 2011 y agosto de 2017.

Según conocedores de las definiciones allí adoptadas, los senadores decidieron que dentro del plazo fijado por Guerra -que vence el jueves 5 de octubre-, finalmente sí se enviará información a la fiscalía. Sin embargo, acordaron solamente remitir un listado de asesores, los contratos que la corporación posea de estos, pero sin acompañar los informes de respaldos de sus servicios. En esa línea, en la misma respuesta, los parlamentarios solicitarán a la fiscalía que señale en un nuevo oficio qué información requiere de cada colaborador.

La insistencia del Ministerio Público se había extendido vía oficio al Senado, luego de que los legisladores se negaran a entregar el requerimiento inicial despachado el 7 de septiembre pasado, contraponiéndose a la postura de la Cámara Baja, que ante una solicitud similar de la fiscalía, sí accedieron a entregar los informes.

En esa oportunidad, Zaldívar respondió -también vía oficio, pero dirigido al fiscal nacional, Jorge Abbott- que no entregarían la información hasta conocer a quién se estaba investigando y por qué razón. El senador DC, incluso, se había manifestado molesto ante el requerimiento, asunto que transmitió a Abbott mediante un llamado telefónico.

Por tratarse de semana distrital, no todos los jefes de comités pudieron asistir a la reunión del lunes. Sin embargo, las decisiones allí tomadas fueron ampliamente socializadas entre senadores en los días siguientes.

Quienes conocen el tenor de las definiciones, explican que la idea principal es que, pese a dar respuesta a una diligencia a la que inicialmente se opusieron, esta no contraviene la postura esgrimida en el oficio enviado al fiscal nacional. Por el contrario, uno de los argumentos que Bofill expuso en su informe fue el hecho de que los senadores apuntan a una garantía constitucional de solicitar información respecto de por qué se les está investigando. Es por esto que, enviando una respuesta dentro de plazo, la corporación insistirá con requerir precisiones respecto de qué específicamente se indaga.

Del mismo modo, tras analizar los alcances del segundo oficio enviado por la fiscalía, el mismo informe de Bofill también señala que Guerra se limitó a hacer uso de la facultad del artículo 19 (que apunta al requerimiento de información por parte del Ministerio Público), pero sin abordar el tema de fondo: si los fiscales poseen legitimidad para hacer extensiva una diligencia a más personas -en este caso a todos los senadores- luego de conocer hechos presuntamente constitutivos de delitos de solo uno de ellos.

Al ser consultado Zaldívar sobre estas definiciones, explicó a La Tercera que no hará comentarios, pero explicó que la decisión que se adopte será tomada en su momento por la unanimidad de los comités. Para el lunes está fijada una reunión de comités del Senado en Santiago.