El llamado "Grupo de los 8" del Senado de EEUU prevé presentar la próxima semana un proyecto de ley para una reforma migratoria integral que ofrecerá una vía a la ciudadanía a 11 millones de indocumentados y reforzará las medidas policiales contra la futura inmigración ilegal. 

"Este proyecto de ley contendrá las medidas para el reforzamiento de las leyes migratorias más duras en la historia de Estados Unidos (...) esta legislación será más dura que cualquier otra ley migratoria del pasado", dijo a Efe una fuente del Congreso, que pidió el anonimato porque no está autorizada para discutir el plan en ciernes.

Según la fuente, el proyecto de ley -que podría ser debatido la semana del 6 de mayo- "aún está en proceso de elaboración", pero incluirá una serie de condiciones para la seguridad en las fronteras y al interior del país, que deberán cumplirse en un plazo de diez años antes de que los inmigrantes indocumentados puedan solicitar la "tarjeta verde" o residencia permanente.

Esas medidas de seguridad incorporan, además, una inversión de "miles de millones de dólares adicionales" para la vigilancia fronteriza, para lograr un nivel "satisfactorio" de seguridad en ese sector. 

La legislación, que ofrecería una vía para la legalización y eventual ciudadanía de los indocumentados, también crearía un sistema de registro de salidas para evitar que las personas con visas temporales se queden en EEUU cuando caduquen sus documentos.

Además, crearía un sistema para reforzar el cumplimiento de las leyes que prohíben la contratación de indocumentados.

Asimismo, excluiría a la población indocumentada de los beneficios de la reforma de salud de 2010 por un período de al menos 13 a 15 años. Así, los indocumentados que inicien un trámite para obtener un permiso provisional no podrán solicitar beneficios subsidiados por el Gobierno federal.

La iniciativa también prohíbe que personas con delitos graves, e incluso algunos delitos menores, puedan solicitar la residencia permanente.

Los indocumentados con un permiso provisional tendrán que reunir una serie de requisitos para la eventual residencia permanente, incluyendo el pago de una multa e impuestos, tener empleo, carecer de antecedentes penales y demostrar presencia física en el país durante todo el proceso de trámites.

La mayoría de estos puntos ya habían sido delineados en "los principios" que presentó en enero pasado el "Grupo de los 8" del Senado, que viene elaborando entre bambalinas el plan reformista.

En las últimas semanas, el senador republicano por Florida, Marco Rubio -uno de los integrantes del "Grupo de los 8"-, se ha hecho eco de las quejas de los conservadores de que el plan reformista debe ser sometido a audiencias y un debate.

"Desde un principio el senador Rubio ha dicho que no apresuraremos este proceso y eso comienza a nivel de comité. El Comité Judicial debe tener suficiente tiempo para debatir y mejorar la propuesta del grupo bipartidista, así es que es bueno que tanto los senadores como el público tengan varias semanas para estudiar esta propuesta antes de que la vote el Comité Judicial", dijo a Efe Alex Burgos, un portavoz de Rubio.

"Creemos que entre más escrutinio reciba esta legislación, mejor resultará", aseguró Burgos, al añadir que se prevén "múltiples audiencias" en el Senado.

Otra fuente del Senado dijo a Efe que el presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, se reunió hoy con el "Grupo de los 8" y se comprometió a programar una audiencia tan pronto como sea presentada la legislación, y "ha prometido tener un debate sin límites y enmiendas durante su votación en el comité".