Las restricciones presupuestarias anunciadas en más de una ocasión por el presidente del Senado, Jovino Novoa, se han materializado de distintas formas. La última es la circular que la Comisión de Régimen Interno envió a todos los senadores, en la que se establecen rigurosas regulaciones al servicio de comedores, fijando como norma que cualquier alimento extra que consuman los parlamentarios serán descontados de sus dietas.
El documento establece horarios determinados para los servicios de desayuno, almuerzo y once. Y, además, fija una tabla de tarifas para otros consumos, como sándwiches (a $ 1.200, que sólo podrán ser de palta, queso o jamón), aperitivos (a $ 500, como pisco sour o similares), bajativos (a $ 1.000 el whisky, coñac o similares), botellas de vino (a $ 3.000, y si el valor comercial supera los $ 4.000, se cobrará el costo total), porciones de quesillo (cinco trozos por $ 1.000) y de galletas (cinco unidades a $ 400).
El control interno de lo que se consume también significará que a partir del 1 de septiembre comience a regir un sistema de registro biométrico (inscripción con huella digital) que estará destinado a todos aquellos que utilicen los servicios de alimentación de la Cámara Alta, a fin de evitar los abusos.
