Apenas el presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), recibió el martes en su despacho un extenso oficio proveniente del Ministerio Público en el que se solicitaba la totalidad de los informes y contratos que respaldan las asesorías externas de todos los representantes de la Cámara Alta, la segunda autoridad del país tomó el teléfono y se contactó directamente con el fiscal nacional, Jorge Abbott.
Según relató ayer el legislador, la comunicación estaba validada por todos los comités, y buscaba transmitir la extrañeza y molestia que causó la diligencia y la decisión de ampliar al Senado una investigación que se realizaba en la Cámara. Esta información fue confirmada por el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien comentó a La Tercera que "me llamó (Zaldívar) para manifestarme su inquietud y molestia sobre el particular".
El oficio de la Fiscalía Oriente de Santiago se emitió a raíz de los informes considerados "copy-paste" que un asesor del candidato presidencial Alejandro Guillier extendió como respaldo de asesorías para el senador.
En este contexto, acerca de las observaciones que le hizo ver a Abbott, Zaldívar explicó ayer que en el Senado existían dudas respecto a si el accionar del Ministerio Público se ajustaba a la norma. "Le manifesté mi impresión de que la solicitud de la fiscalía requería de parte nuestra un estudio, porque creíamos que no estaba ajustada a los términos en los cuales se debe hacer", señaló el senador.
Estos estudios apuntan a encargar informes en derecho y a hacer consultas a abogados expertos respecto a si procede esta petición de información al Senado, sin tener hechos, delitos o una causa abierta y vinculadas a los senadores. En la Cámara Alta buscan que se acredite si hay sustento jurídico que amerite revisar a todos los miembros de la Corporación. Así, se solicitó a la fiscalía interna del Senado que evacuara una minuta relativa a los alcances de la diligencia. Según conocedores de la ofensiva, esta minuta se encontraba ayer en manos de Zaldívar y de otros parlamentarios. También se pidió la opinión de miembros de la Comisión de Constitución. Y como una forma de tener mayores antecedentes antes de decidir entregar la información, se habría solicitado al abogado Jorge Bofill una opinión.
Quienes conocen los detalles dicen que el oficio de respuesta del Senado se enviará a Abbott y no al fiscal Manuel Guerra -quien fue el que pidió los informes-, algo que se concretaría en las próximas horas. Las mismas fuentes sostienen que, al cierre de esta edición, lo que tenía contemplado realizar el Senado es manifestarle al Ministerio Público disposición para entregar información, pero que se precise la indagatoria, especificando qué es lo que se solicita, qué delitos habría detrás, qué personas involucra y bajo qué investigación se está haciendo esto.
Según fuentes ligadas a la indagatoria, uno de los sustentos de la fiscalía para pedir los informes es que algunas empresas que asesoraron a diputados y que están siendo investigadas en el caso de la Cámara -a raíz de la autodenuncia de la ex jefa de prensa UDI Lily Zúñiga- también habrían realizado asesorías a senadores.
La resistencia de la Cámara Alta a dar una respuesta a la fiscalía sin antes consultar si debe hacerlo en los términos requeridos, se suma a las críticas a la fiscalía que otros senadores, como el UDI Hernán Larraín, han realizado durante las últimas jornadas. Larraín ha llegado a decir que la diligencia configura un "ataque institucional al Senado", señalando que los fiscales "están equivocados".
"Lo que ha hecho el fiscal me parece equivocado, porque está poniendo bajo sospecha a todos", opinó el parlamentario.
Lo que reclaman varios en reserva es que se esté extendiendo una investigación a todos los senadores con el fin de que se busque lo que en jerga judicial se denomina "salir a pescar delitos". Del mismo modo, critican la justificación que Manuel Guerra, el fiscal a cargo de la diligencia, entregó al anunciar la solicitud. Esto, porque, según dijo, la diligencia se hacía extensiva a todos en virtud de la "igualdad de trato", lo que fue interpretado como una forma de evitar cuestionamientos respecto a que se esté favoreciendo o perjudicando a un sector político.
"Creo que no es bueno que en base a este tipo de denuncias se ponga en tela de juicio a la institución del Senado en su conjunto", recalcó Zaldívar ayer por la tarde, agregando una crítica más: "Si hay algún hecho que pueda ser denunciado en el sentido de investigación procesal penal, tiene que decirse con precisión cuál es el hecho y a quién aflige".
Los parlamentarios están conscientes de que solo hay respaldos para informes a partir del 2015, año en que, a raíz de los casos Penta, SQM y Corpesca, se modificaron aspectos de la normativa de asignaciones parlamentarias. Y según se explica en el Congreso, desde esos cambios no solo se ordenó el trabajo de asesores, sino que también se elevaron las exigencias.
Guillier, por su parte, pidió que el Comité de Auditoría realice una revisión especial a sus asesorías externas contratadas a partir de 2014. Tras ello, los auditores pidieron a la Comisión de Ética del Senado autorización para proceder a la solicitud. Esto, porque según el reglamento interno el Comité no puede actuar de oficio.
