Dos horas antes de que el fiscal regional Manuel Guerra precisara ayer que la investigación que sobre las asesorías externas del Congreso no era contra los senadores -sino que respecto de sus asesores-, a la Fiscalía Nacional ingresaba una dura respuesta al requerimiento que el Ministerio Público había enviado el martes, en el que se solicitaban los informes de todos los colaboradores legislativos de la Cámara Alta.
Representados por Andrés Zaldívar, los senadores realizaron en seis páginas una inédita defensa de derechos penales frente a la amenaza de que la totalidad de los comités fueran objeto de una investigación por parte del Ministerio Público. En ese escrito, enviado al fiscal nacional Jorge Abbott, y no a la fiscalía de Alta Complejidad Oriente que comanda Carlos Gajardo -autor del requerimiento junto a Pablo Norambuena-, los parlamentarios se negaron a entregar la información del modo en que se estaba pidiendo, calificando la solicitud como "desproporcionada y abusiva".
"La base argumentativa sobre la cual la fiscalía fundamenta el requerimiento indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño de imagen a la corporación", dice la respuesta, que se tramitó formalmente mediante oficio reservado (n° 54), pero que el propio Senado hizo pública ayer.
El requerimiento surge luego de un reportaje de Radio Biobío en el que se señala que el senador Alejandro Guillier cursó pagos por asignaciones parlamentarias a un asesor suyo que respaldó su trabajo con informes copiados de internet. Tras ello, la Fiscalía Oriente decidió investigar los hechos, extendiendo al Senado una causa relativa al uso de asignaciones que hasta ese momento estaba circunscrita a la Cámara.
Los parlamentarios resintieron que el fiscal Guerra señalara el martes que la ampliación de esta indagatoria respondía también al intento por preservar una igualdad de trato. Desde algunos sectores, incluso, interpretaron ese fundamento bajo la premisa de que la fiscalía, que acaba de sobreseer al candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, en el caso Exalmar, había tomado una decisión política, y no judicial. Esto -dicen- porque al extender a todos la indagatoria evitaba cuestionamientos en virtud de que Guillier, el principal rival del ex mandatario, fuera el único investigado.
"No es función ni tiene atribuciones legales el Ministerio Público para determinar igualdades de trato en el contexto de investigaciones penales", argumentan los parlamentarios en el documento.
El escrito fue redactado con tres insumos: un informe de la fiscalía interna de la corporación; otro informe en derecho que se solicitó al abogado penalista Jorge Bofill, y la opinión de senadores integrantes de la Comisión de Constitución. Y las recomendaciones coincidieron en que la fiscalía debía precisar qué requiere. Así, se solicitó al fiscal nacional tomar "las medidas que sean necesarias para rectificar las actuaciones de la Fiscalía de Alta Complejidad, de manera de no dañar la presunción de no culpabilidad de que gozan los integrantes de esta corporación y evitar abusos en el ejercicio de sus funciones".
Ayer, los fiscales también actuaron coordinados y en defensa de su institución. Mientras Abbott dijo que se ha hecho "bastante frecuente" criticar a los persecutores, lamentando que "personas que ejercen cargos de autoridad afecten a instituciones de la República", Guerra explicaba por qué los senadores deben entregar lo solicitado. "Estamos pidiendo información que consideramos que no es secreta y que en ningún caso afecta la seguridad de la nación", dijo.
Ahora, con la respuesta del Senado, el Ministerio Público debe decidir cómo procederá. Ayer se barajaba acudir a un tribunal; pedir a cada senador los informes o acotar la investigación donde hubiere indicios de delitos. Pero existe otra alternativa que evalúa el Ministerio Público: recurrir a la Corte de Apelaciones. Esto, en base al artículo 19 del Código Procesal Penal. "Todas las autoridades y órganos del Estado deberán realizar las diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les requirieren el Ministerio Público y los tribunales con competencia penal", dice el artículo, que fue citado por el fiscal Carlos Gajardo en Twitter.
