"Basta de estar basureando a la política a propósito de cualquier cosa. Hay que actuar con seriedad". Las palabras del senador UDI Hernán Larraín, presidente de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, reflejaban ayer el ánimo en la Cámara Alta, después de un día un tanto complejo. Todo comenzó con una investigación de radio Biobío que reveló un presunto "copy-paste" en un conjunto de asesorías parlamentarias pagadas con las asignaciones del senador y candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, a la oficina Beltrán Asociados Spa, del abogado, Omar Beltrán Valle, quien habría realizado asesorías verbales y telefónicas. Beltrán figura domiciliado en un departamento cuya propiedad es de Harold Correa, ex jefe de gabinete del Ministerio de Educación, cuya empresa es investigada por pagos a asesorías de Rodrigo Peñailillo en el caso SQM.
Según la publicación, entre marzo y junio del presente año se constataron cuatro minutas que justificarían el pago de $19 millones. El "copy-paste" se habría detectado al acceder a los documentos: según consigna la investigación de Biobío estos son meros resumenes de la información pública de la página web del Senado, sobre las sesiones de las comisiones en las que participaba Guillier.
La información, conocida a primera hora de ayer, generó una vendaval de reacciones. Pero la más importante fue la de los fiscales de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente: a partir de los antecedentes iniciales, el fiscal regional Manuel Guerra informó que la investigación por posibles asesorías anómalas que ya se realizaba en la Cámara de Diputados, se ampliaba al Senado, en razón de los nuevos antecedentes.
A esta decisión respondía la frase del senador Larraín, quien junto al presidente del Senado, Andrés Zaldívar, recibieron ayer al senador Guillier, quien le pidió a la comisión de Ética y Transparencia (que preside Larraín y que, además, integra Guillier) revisar y emitir un pronunciamiento sobre sus cuestionadas asesorías.
Pero los diversos antecedentes ventilados ayer abrieron otro flanco inesperado: el Ministerio Público remitió ayer un oficio al Senado solicitando los respaldos de las asesorías de todos los senadores desde el 2011 hasta el presente.
¿El problema? Recién desde el 2015 que la Cámara Alta exige a sus integrantes justificar sus asesorías con textos de respaldo.
El 5 de agosto de ese año, el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias aprobó una serie de modificaciones. Entre estas, se incluyó por primera vez que los asesores externos de los senadores debían respaldar sus trabajos mediante informes o reportes llenando un formulario. Con este antecedente, ayer en la Cámara Alta confirmaron que la corporación hoy solo posee informes relativos a este ítem desde septiembre de 2015. Antes, simplemente, no estaban obligados a requerirlos.
Control de daños
Hasta la sede del Partido Radical llegaron a primera hora de ayer los colaboradores más cercanos de Guillier. El objetivo: analizar los antecedentes publicados horas antes por la Unidad de Investigación de radio BíoBío.
Durante la reunión liderada por el coordinador general del comando, Osvaldo Correa y el encargado de comunicaciones, Juan Andrés Lagos, se trazaron las primeras líneas de acción para contener posibles efectos en la campaña presidencial a tres meses de los comicios.
Según la publicación, la firma del abogado Omar Beltrán -Beltrán Asociados Spa- recibió entre marzo de 2016 y julio de 2017 alrededor de $19 millones por concepto de asesorías tanto telefónicas como presenciales. El artículo además consigna que dicha sociedad fue constituida siete días antes de que comenzara a prestar servicios a Guillier.
Con los antecedentes sobre la mesa, Guillier se enfrentó ante la prensa tras haber expuesto en un seminario sobre política digital, descartando cualquier irregularidad y apuntando a que todas las asesorías son auditadas mensualmente por el propio Senado. "Cuando no puedo recurrir a una comisión de minería o energía, de educación o salud, hay gente que me reporta qué se discutió en esas sesiones y lo único que hace es que me agrega una observación al borde o al final del documento o a veces me lo subrayan (...) Además me hacen estudios comparados de lo que ocurre en otros países en esas materias, por lo tanto es lo que puedo hacer como independiente para saber qué pasa en otras comisiones en las que yo no participo", explicó el abanderado.
"Yo simplemente contraté un abogado que me hace un trabajo que está auditado por el Senado, él fue contratado de acuerdo a la reglas del Senado, recibe una mensualidad que me parece perfectamente razonable, porque es un asesor, no es parte de mi staff y eso está permitido y es parte de las reglas del juego", puntualizó.
Con todo, Guillier evitó explicar si los citados informes podrían ser considerados plagio. En esa línea, el abanderado desdramatizó el que la firma de Beltrán se haya constituido días antes de comenzar a asesorarlo.
Más tarde el senador se trasladó hasta la sede del Congreso en Valparaíso donde se reunió con Larraín y Zaldívar. "(Guillier) determinó solicitar al comité de auditoría del Senado que pueda referirse a su comportamiento en esa materia, en la forma de cómo ha actuado, si ha seguido o no las reglas existentes sobre el uso de las asignaciones parlamentarias y con ese informe va a pedir un pronunciamiento de la comisión de Ética de nuestra Corporación", explicó el senador UDI, quien también fustigó al Ministerio Público por abrir una causa sin tener "mayores antecedentes", lo que incluso tildó de "ofensivo".
Desde el comando de Guillier, en tanto, intentaron bajarle el perfil al caso. "Esta es una práctica habitual que está absolutamente ajustada a la ley, no es un pago que autoriza el senador, es un pago que pasa por un control por parte de la Corporación del Senado y que efectivamente obedece a servicios que se han prestado de manera regular y permanente durante los meses por los cuales ha durado el contrato", señaló Correa a La Tercera. Asimismo, aseguró que "nosotros no tenemos nada que ocultar y nos parece bien que eventualmente se amplíe la investigación (de la Fiscalía) porque es lo que corresponde. Las chilenas y los chilenos merecen saber qué es lo que se hace con las platas públicas y obviamente en esa lógica nosotros vamos a tener la mejor disposición".
