Han pasado más de dos años desde que el Senado debatió sobre el aborto.

El 4 de abril de 2012 fue la primera vez en la historia del Congreso que se discutía en sala la interrupción del embarazo, a pesar de que desde 1990 se habían presentado una decena de iniciativas.

Pero los tres proyectos discutidos ese día fueron rechazados por una mayoría constituida por votos de la UDI, RN y un sector de la DC. Esa jornada, sin embargo, estuvo lejos de cerrar el debate. En los últimos años se presentaron tres nuevas mociones y desde 1991 ya son 15 las iniciativas que han ingresado a tramitación en el Congreso.

En la sesión de 2012, quienes se opusieron al aborto también dejaron constancia de su estrategia, que va más allá de discutir una ley simple. Varios senadores  anticiparon ese día que el tema implicará una batalla constitucional y en la Corte Interamericana de DD.HH.

Incluso, esa tarde el entonces senador RN Carlos Larraín hizo reserva de constitucionalidad, es decir, advirtió que los tres proyectos sobre aborto contradecían lo que señala la Constitución, que en su artículo 19 protege "la vida del que está por nacer".  Con esta medida, Larraín se reservaba el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la iniciativa. Además, hizo ver que el Pacto de San José (la Convención Inte ramericana de Derechos Humanos) también defiende la vida desde la "concepción".

Esos mismos principios fueron alegados en esa sesión por otros senadores de RN y la UDI y fueron aludidos tangencialmente por los DC Ignacio y Patricio Walker.

A dos años de ese debate, las visiones en la materia no parecen haber cambiado.  La senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe dijo que la Constitución estipula que "la vida es el primero de todos los derechos", y que la nueva propuesta de Michelle Bachelet, que está siendo elaborada por la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual, podría tener implicancias constitucionales.

En el gobierno y en el oficialismo, en tanto, están conscientes del flanco constitucional. Sin embargo, la apuesta del Ejecutivo es sortear esta discusión optando por un cambio  simple del Código Penal para derogar las sanciones en tres casos específicos: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.

Esa no es la única forma de legislar sobre el aborto. En la Nueva Mayoría hay quienes plantean que el aborto debe ser legalizado en el Código Sanitario. Incluso, hay otros que piden ir más allá y  defienden el aborto como un derecho reproductivo y sexual de las mujeres. No obstante, para que un derecho quede consagrado debe estar en la Carta Fundamental. Y un cambio de esa naturaleza requiere del apoyo de 80 diputados y 25 senadores, votos que hoy el oficialismo no tiene.

A juicio del senador PPD Guido Girardi, esta es una muestra más de la "ilegitimidad" de la actual Constitución, que impediría el aborto terapéutico. En esa línea, Girardi, junto al actual ministro de Justicia, José Antonio Gómez, presentaron en 2006 una reforma constitucional para abrir el derecho en materia de aborto.

La diputada de Amplitud Karla Rubilar sostiene que de las tres causales que propone la Presidenta para el aborto, sólo una "estaría cubierta dentro del espacio que dio la Constitución del 80". "En las otras causales, violación e inviabilidad fetal, creo que requiere cambio constitucional", dijo.

En la DC, en tanto, plantean que el debate constitucional sobre el aborto dependerá de la estrategia que asuma el Ejecutivo. Por esa razón, el presidente de la  Falange, Ignacio Walker, ha dicho que apoya la despenalización del aborto en ciertos casos, pero  no su legalización. Pero en la DC, agregan que incluso aquellos legisladores más abiertos al tema, en ningún caso apoyan la idea del aborto como derecho reproductivo y sexual.