La opción de que los parlamentarios en ejercicio puedan ser candidatos a gobernador regional (nuevo nombre que adquirirán los intendentes) -debiendo renunciar sólo en caso de ser elegidos- recibió un fuerte rechazo tanto desde los partidos políticos emergentes como de parte de senadores de la oposición y de la Nueva Mayoría.

Esta facultad, dada a conocer por La Tercera, es parte del diseño preliminar de la Ley Orgánica Constitucional que, en el marco de la agenda de descentralización, el gobierno está ultimando para definir la puesta en marcha y las inhabilidades de la elección democrática de intendentes. En contraste, la fórmula que el Ejecutivo ha socializado con los partidos políticos sí establece inhabilidades para alcaldes, concejales, cores y funcionarios de gobierno, como los mismos intendentes, aunque propone exigirles renunciar en un plazo menor -se evaluaban 90 días- que el año exigido en caso de querer ser candidatos parlamentarios.

Los primeros en criticar el modelo fueron los dirigentes de partidos emergentes. El presidente de Ciudadanos, Andrés Velasco, aseguró que se trata de "un mal diseño", y acusó a los parlamentarios de haber "bloqueado la reforma para no perder el poder que tienen hoy para incidir en el nombramiento de los intendentes y, habiendo perdido esa batalla, están tratando de obtener una compensación con un privilegio injustificado".

Velasco remarcó que con esto "se genera una cancha dispareja, ya que los parlamentarios tienen dieta, viáticos para viajes y equipos, y en la práctica es imposible distinguir en un viaje, por ejemplo, si la labor es parlamentaria o electoral".

En una línea similar se manifestó el diputado Felipe Kast, de Evópoli, quien tildó de "lamentable" que la política pensada para descentralizar "termine entregando privilegios injustificados a los parlamentarios".

Desde Amplitud, el diputado Pedro Browne coincidió en que "seguir aumentando o creando privilegios para los parlamentarios es una pésima idea". Y añadió que "es lamentable que permanentemente se busquen acomodos para darle el gusto al Congreso, y de esta manera poder avanzar en leyes esperadas por la ciudadanía".

En los partidos tradicionales la propuesta también recibió cuestionamientos, aunque particularmente de parte de los senadores.

El PPD Felipe Harboe calificó la propuesta como "impresentable", y remarcó que los candidatos a las gobernaciones regionales deben tener "las mismas inhabilidades; es decir, en el caso de los funcionarios públicos deberían renunciar un año antes, porque sino se corre el riesgo de usar los cargos de gobierno en beneficio de sus propias campañas".

Mientras, respecto de la situación de los parlamentarios, afirmó que la inhabilidad "debería ser absoluta", y que solo pudieran competir luego de finalizar su periodo en el Congreso.

"Lo que no puede ocurrir es que se pretendan hacer trajes a la medida, ya sea de autoridades de gobierno o parlamentarios, porque eso estaría confirmando que más que descentralizar lo que se quiere es solucionar conflictos políticos y crear nuevas pegas políticas", añadió Harboe.

El senador RN Andrés Allamand fue un poco más allá y aseguró que el sistema de inhabilidades, plazos para las postulaciones y la necesidad de abandonar los cargos, en general, es algo que "está muy mal tratado en todo nuestro sistema político, porque no hay criterios uniformes". En ese sentido, se refirió a las inhabilidades que han sido establecidas para otros cargos, como la que pesa sobre los consejeros regionales en caso de que quisieran ser parlamentarios, enfatizando en que "no es razonable que los diputados se opongan a que los cores los puedan desafiar, y al mismo tiempo planteen que ellos sí pueden postular a gobernadores regionales".

Adicionalmente, Allamand aseguró que "el colmo del absurdo es que los actuales intendentes designados puedan, sin más, postular a gobernadores regionales", apuntando a la posibilidad de que se ingrese una norma transitoria que permita una excepción a dichas autoridades para la primera elección de intendentes, en caso de que se materialice este año. "Eso es validar groseramente la intervención electoral", concluyó.

Por último, la senadora UDI Jacqueline Van Rysselberghe coincidió en que "debieran existir ciertas inhabilidades para los parlamentarios en estos casos", pero profundizó su crítica afirmando que "tan grave como eso es que se quieran elegir autoridades de papel sólo para generar cargos políticos".