"Todos quieren hacer algo, pero nadie sabe qué hacer", resumía ayer un senador en los pasillos del Congreso, al comentar los pasos que se estaban estudiando en la Cámara Alta para hacer frente a la crisis generada por el aumento de $ 2 millones en asignaciones parlamentarias.

Incluso, algunos senadores confiesan que en regiones han sido objeto de insultos en la calle. "Lo estamos pasando mal", señalaban otros.

La situación dio pie a una dura autocrítica en la reunión de comité, con representantes de todos los partidos, que se realizó antes de la sesión de sala.

En el encuentro, algunos comentaron su malestar frente al hecho de que el aumento para gastos operacionales haya sido cursado por el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, sin tener a mano un estudio que demuestre por qué en ciertas zonas se requiere un mayor gasto por factores de

densidad poblacional o extensión territorial. Para eso, propusieron frenar futuros incrementos de asignaciones, independiente de que el

Senado tenga un fondo disponible de 1.000 millones adicionales para dicho ítem.

Según había advertido en su declaración del lunes la instancia que preside Sergio Páez, el volumen del incremento presupuestario gestionado por los senadores podría obligar a la instancia -que sólo tiene mandato para "distribuir" recursos y no para restringir los fondos determinados en la Ley de Presupuesto- a decretar una nueva alza para los gastos operacionales de los senadores.

"No debiera haber más asignaciones, aunque sobrara plata del Congreso", dijo el jefe de bancada de senadores PS, Pedro Muñoz, al ser consultado a la salida de la reunión de comités.

El senador de RN José García Ruminot, en tanto, dijo que "si esos recursos no se ocupan, se debieran devolver al erario nacional".

Otros parlamentarios, en tanto, propusieron aprovechar la oportunidad de la crisis para impulsar una agenda de reformas, destinadas a mejorar la imagen del trabajo legislativo, por ejemplo, aumentar los días de sesiones a jueves o viernes.

En esa misma línea, el senador radical José Antonio Gómez envió una carta al titular del Senado, Camilo Escalona, con un conjunto de medidas, como descontar las inasistencias a sesiones, adquirir sedes institucionales en regiones para evitar el arriendo de oficinas y restringir el gasto de asignaciones, para evitar usos asistencialistas, como aportes monetarios para rifas o bingos.

"Las oficinas en regiones tienen que ser institucionales. Eso permitiría que esas sedes sean del Estado y continúen en manos del Estado y no estar entregándole plata a cada senador", dijo Gómez.

En la reunión-almuerzo de la Concertación, también hubo ayer fuertes recriminaciones. Algunos legisladores, en privado, se habían declarado molestos por los dichos del PPD Ricardo Lagos Weber, quien alegó haberse informado por la prensa del aumento de $ 2 millones en asignaciones.

En la cita, algunos le reprocharon a Lagos Weber que era imposible que no supiera y le cuestionaron intentar zafarse de la polémica. Uno de los pocos que dio apoyo al senador PPD fue su par DC, Ignacio Walker, quien en días anteriores había promovido un mea culpa por esta situación.