El año pasado, un total de 1.375 niños y adolescentes extranjeros ingresaron al sistema de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename). Se trata de derivaciones ordenadas desde los Tribunales de Familia y las Oficinas de Protección de Derechos (OPD), para solicitar diagnósticos o la inserción en programas ambulatorios de intervención y reparación, además de centros de protección y familias de acogida. Esto, en respuesta a problemas de maltrato o medidas de resguardo por abandono y negligencia parental.

Si bien el número de menores de edad extranjeros en el Sename representa un 1,4% del total nacional, este número se ha triplicado desde 2010. Ese año fueron 455 y en 2016 llegaron a 1.375 (ver infografía).

Gloria Sepúlveda, encargada de Relaciones Internacionales del servicio, indica que parte de esta alza se explica por el mayor flujo migratorio y las regularizaciones de visas: "Lo primero es que aumenta el fenómeno migratorio considerablemente. Si hay más familias que viajan a Chile a residir con niños, aumentan también, en la misma proporción, los casos de vulnerabilidad".

Desde el Servicio Nacional de Menores aclaran que las causas por las que se afectan derechos de infancia en niños extranjeros y chilenos son las mismas. Sin embargo, alertan que los migrantes enfrentarían una mayor vulnerabilidad, por la falta de redes familiares de apoyo, por ejemplo.

Un área donde se puede constatar parte de esta realidad es en el ingreso a residencias. La presencia de menores extranjeros en centros de protección pasó de 73 casos en 2010 a 130 en 2016.

"Cuando un niño está en una situación de maltrato, abandono, de una vulneración grave de derechos, lo primero que busca el tribunal y las duplas psicosociales de los programas, es definir quién dentro de la familia extensa se puede hacer cargo de los niños. Lo que sucede con los extranjeros es que muchos no tienen familia en Chile, entonces la única alternativa es el ingreso a un centro", dice Sepúlveda, quien precisa que desde la entidad se trabaja con los símiles de servicio en sus países de origen, para abordar soluciones como el retorno.

La situación de los niños migrantes preocupa a la corporación Colectivo Sin Fronteras, que atiende a 200 niños en la Región Metropolitana y la mayoría de ellos extranjeros.

"Los menores migrantes están en una alta vulnerabilidad que hace que se genere un conjunto de dinámicas familiares que vulneran sus derechos. Hay que ver en qué condiciones están los padres: por ejemplo, no hay políticas desde el Ministerio del Trabajo para resguardar los derechos laborales de un grupo tan vulnerable como este, el acceso a los derechos sociales tampoco está garantizado: la salud, educación y la discriminación que existe todavía en los colegios es grave, y la pobreza, fundamentalmente", sostiene la directora del Colectivo, Patricia Laredo, quien añade que muchos de estos niños llegan a condiciones precarias de vivienda, con pocas redes de apoyo y problemas de visas.

Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la U. Diego Portales, dice que "la cantidad de personas migrando y las características de vulnerabilidad con que lo hace una parte de ellos, sumado al hecho de que al llegar a Chile muchos se encuentran con las trabas que pone la Ley Migratoria, hace que sea todavía más compleja su situación y eso repercute en los niños".

Sobre la Ley Migratoria vigente, el jefe del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, aclara que "se podría estimar que hoy la ley no está dando el ancho para tratar adecuadamente la migración y también podría significar que a partir de sus rigideces y lo obsoletas que son algunas de sus normas, genere la posibilidad de precarizar por esa vía la condición de estos niños y los lleve a acceder a la protección del Sename".