"Orgulloso, es un desafío y vamos a tratar de que resulte todo bien", dice tímidamente Víctor, quien pide identificarse sólo así, con su nombre de pila, mientras termina de ayudar a su abuelo con los menesteres de un pequeño negocio de barrio, en Concepción.

De 18 años y oriundo de Coronel, en la Octava Región, este muchacho ponderó 708 puntos en la PSU para la carrera de ingeniería civil industrial, y ya está matriculado en una universidad de la zona. ¿Sus aprensiones? Las seis veces al mes que debe firmar en un centro de libertad asistida de Coronel, para infractores de ley que fueron condenados por un delito.

Su recelo es evidente. Dice que no es grave, pero tampoco ahonda en lo que ocurrió durante 2012, y que le valió aquel castigo hasta julio de 2015. "Tarde o temprano mis compañeros se van a enterar, pero mi familia y mis amigos me apoyan. Vamos a salir de a poco", cuenta, también orgulloso de que ya tiene casi listos los $ 200 mil que le faltan para las mensualidades, ya que una beca cubre los restantes $ 2,8 millones del año académico.

Durante 2013 hubo 217 jóvenes dentro de los programas de infractores del Servicio Nacional de Menores (Sename), ya sea en sus sistemas abiertos, semicerrado o de libertad asistida, que rindieron la PSU. Todos estudiaron en liceos institucionales y 55 finalmente se matricularon en la educación superior: 14 en universidades, entre ellos Víctor, y 41 en institutos y centros técnicos.

Al 31 de diciembre de 2013 había 11.891 jóvenes infractores de ley en los programas del Sename. Según un estudio realizado en 2012 por esta institución juvenil, el 46% de los menores que reinciden en delitos e ingresan a cárceles de adultos habían desertado del colegio.

"Cuando un joven que ha cometido un delito abandona los estudios, las posibilidades de que reincida aumentan al doble, lo mismo que si se atrasa más de tres cursos. Y al contrario, cuando continúan estudiando, las posibilidades de reinserción aumentan enormemente", dice Rolando Melo, director del Sename.

DESDE SAN BERNARDO

Carlos (18) es otro de los menores que quedó en la universidad. Ponderó 603 puntos y estudiará ingeniería en prevención de riesgos, en Santiago. La diferencia es que él está en un centro de San Bernardo totalmente privado de libertad. Y saldrá a clases con un permiso especial.

"No es fácil que te crean y te apoyen, pero en mi caso sí lo han hecho. Y también tengo a mi hermana y mi abuelita, que están orgullosas porque soy el primero de la familia que va a ir a la universidad", cuenta.

Lo beneficiará la modificación al reglamento de la Ley 20.084, que a partir de 2013 permite a los directores de los centros de Sename autorizar salidas a los adolescentes, ya sea con fines educacionales o de capacitación laboral. Antes, los jóvenes tenían que pedirle permiso al tribunal.

Sin embargo, la sicóloga juvenil Irma Segovia advierte que "el mundo de la educación superior no es fácil y no sólo exige capacidad intelectual; también un grado de madurez, de empatía y de tolerancia a la frustración que se desarrolla durante la vida. A los jóvenes infractores de ley les puede costar más".

Los programas de reescolarización para infractores fueron implementados desde 2011 por el Ministerio de Justicia y el departamento de justicia juvenil del Sename. Actualmente, hay 18 centros de régimen cerrado en Chile. De ellos, 13 tienen establecimientos educacionales en sus dependencias. El resto trabaja con planes para que los jóvenes rindan exámenes libres en otros establecimientos de Mineduc.