En diciembre pasado, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente empezó a investigar cuatro redes de presunta explotación sexual comercial infantil, que en total involucraban a 25 niñas y jóvenes que pasaron por centros de protección del Servicio Nacional de Menores (Sename). A cinco meses desde que se inició la indagatoria, el Ministerio Público ha detectado a otras 25 víctimas más, llegando a un total de 50 menores afectadas por este delito.
"Comenzamos con una denuncia en la que se hacía alusión a 25 niñas. En la actualidad contamos con 40 niñas en la Región Metropolitana, 34 menores de edad y seis adultas que eran menores al momento en que se produjeron los hechos denunciados. Y en Atacama y el Maule tenemos pesquisadas alrededor de 10 niñas víctimas más", dijo la persecutora Paola Zárate.
Cuando se dio a conocer este caso, en diciembre de 2016, el fiscal nacional Jorge Abbott designó al jefe regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, para que se encargara de liderar la indagatoria a nivel nacional. Junto a él trabajan las fiscales Paola Salcedo y Zárate. El equipo funciona con dos equipos de la policía: uno de la 35a. Comisaría de Carabineros y otro de la Brigada de Delitos Sexuales y de Menores (Brisexme) Metropolitana, de la PDI. También cuentan con coordinadores en cada región, quienes se dedican a informar a Santiago la aparición de otros casos.
Zárate explicó que desde febrero se han presentado 14 denuncias por estos hechos en la Región Metropolitana. "Se trata de lugares de una determinada comuna o domicilios donde se producen estos encuentros de explotación sexual infantil", indicó. En total, se han identificado siete comunas del Gran Santiago en las que ocurrirían estos hechos.
Hoy, el Ministerio Público está ad portas de formalizar a dos personas en su calidad de clientes de las menores explotadas sexualmente. En ese sentido, señaló que existen investigaciones que están vinculadas a la figura de un proxeneta, pero también hay casos en que las niñas efectúan contacto directo con los clientes. "No se ha advertido la existencia de ningún imputado que forme parte de la red Sename o como funcionario colaborador", puntualizó.
Consultada por la situación de las menores que han sido identificadas como víctimas, Zárate explicó que "la mayoría está con órdenes de búsqueda de los tribunales de familia, ya que cuando ellas han hecho abandono de estos centros se produce la denuncia a Carabineros".
Agregó que también se hace una coordinación con la unidad de víctimas, que semanalmente actualiza la situación en que están las niñas, y con los hospitales a los que deben ser derivadas. Esto, porque en su mayoría presentan consumo problemático de drogas y alcohol.
Dificultades para indagar
La subprefecto Claudia Domínguez, jefa de la Brisexme de la PDI, indicó que las complejidades para indagar estos casos radican en que es difícil ubicar a las niñas. Esto, señala, "porque viven en una situación de calle, tienen una alta sociabilización callejera y consumo problemático de drogas y alcohol. Además, son reticentes a entregar un relato y no se sienten víctimas. Como hay muchos vicios en el ambiente en que viven, es difícil sacarlas de ahí. Tienen un grado de lealtad con la gente que las protege, que les da comida o droga".
Explicó, además, que hay diferentes tipos de red de explotación sexual infantil en este caso. "Se dividen tanto en domicilios como en focos en la vía pública, donde las niñas ejercen el trabajo sexual en forma particular, siendo la mayoría niñas que han pasado por centros del Sename. Como pasan de un centro a otro, esta red se va multiplicando".
Consultado al respecto, desde el Sename señalaron que "cuando el servicio ha detectado un posible caso de explotación sexual entre los niños, niñas o adolescentes que viven en los centros, inmediatamente se presentan las denuncias al Ministerio Público, con el fin de investigar los hechos. Esto es una política permanente de Sename. Es importante señalar que también realizamos seguimiento de los procesos y actuamos como querellantes en algunas de estas causas".
Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, dijo que "se han conocido redes como la de Freirina el año pasado. Las niñas víctimas de esta red estaban bajo el sistema de protección del Sename".
En este sentido, aseguró que esta investigación de la Fiscalía Occidente da cuenta de que "el caso no ha sido aislado, por lo que preocupa que persistan situaciones de riesgo en torno a centros de protección, en que la intersectorialidad no cumple con la detección precoz y denuncia de situaciones como el abuso sexual o la explotación".
