A un mes de que se diera a conocer el informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, por las presuntas vulneraciones al interior de residencias colaboradoras del Servicio Nacional de Menores (Sename), se abre una nueva arista sobre la situación de los niños y jóvenes de estos recintos.
A través de un requerimiento presentado por La Tercera mediante Ley de Transparencia, el Sename hizo un recuento de las denuncias por posibles delitos sexuales en centros y hogares -del servicio y de colaboradores externos-, las cuales llegaron a 302 en los últimos 10 años, alcanzándose el nivel más alto de casos (159) entre 2012 (61) y 2013 (98) (ver infografía). Estas denuncias son por eventuales ilícitos que podrían haber sido cometidos por adultos o por otros menores que están en estos establecimientos.
Se trata de "situaciones acontecidas tanto en centros de administración directa del servicio, como en aquellos administrados por organismos acreditados como colaboradores del mismo, fundamentalmente privados, los cuales representan la mayoría de los casos que se exponen", detalla el informe, firmado por el director nacional (S) de la institución, Jorge Lavanderos Svec.
En él se consigna el total de niños y adolescentes, posibles víctimas de delitos sexuales, ocurridos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2013, "mientras se encontraban viviendo en un centro". Del total de 84 recintos, el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Alborada, en Temuco -el cual depende del Sename-, es el con mayor número de denuncias (58). En el listado, 152 de las denuncias fueron en establecimientos de la institución, mientras que 150 se registraron en hogares y residencias colaboradores del servicio.
Respecto de las sanciones aplicadas por estos hechos a funcionarios de centros administrados directamente por el servicio, se consignan dos casos durante este período.
"Que los trabajadores que laboran en las instituciones colaboradoras acreditadas ante el Sename no revisten la calidad de funcionarios públicos (...). Por esta razón, el servicio carece de facultades legales para instruir procesos disciplinarios a dichos trabajadores", indica el documento.
El ex director del Sename Rolando Melo, quien se desempeñó en el cargo desde diciembre de 2010 hasta marzo de 2014, dijo que "dudo que esa cifra (de 159 casos entre 2012 y 2013) sea efectiva. Nunca se nos informó de una cifra de esa entidad (naturaleza)". Añadió que "si uno hace la comparación para atrás, no es que efectivamente haya habido más abusos, sino que lo que hay es una mayor cantidad de denuncias".
Consultado por la razón del alza de casos entre 2012 y 2013, dijo que "nosotros siempre tuvimos presente la obligación. Protocolizamos y enviamos todas las instrucciones pertinentes para que todo hecho sospechoso de un abuso sexual fuera denunciado con los protocolos de separación de las personas". Agregó que en muchos casos, "se pueden configurar estos delitos entre los mismos niños".
LA RESPUESTA DEL SERVICIO
El Sename indicó que hay un protocolo que obliga a denunciar de manera inmediata o en un plazo de 24 horas si se detecta un posible delito sexual, tanto en centros y hogares dependientes del servicio como de colaboradores privados. "La información debe ser dirigida al Sename a través de una Ficha Unica de Seguimiento de Casos. Asimismo, los directores de las instituciones colaboradoras, programas o residencias, deben informar en el más breve plazo a la familia o persona significativa del niño afectado, y se deberá dejar constancia en la ficha".
Explican que en estos 10 años se ha sancionado a dos funcionarios que ya no están en la institución. Uno fue destituido y el otro recibió una multa de un 10% de su remuneración, dado que no se comprobó que cometiera el abuso. Agregan que "siempre ha habido una política de transparencia y de sanción hacia los funcionarios que hayan transgredido los derechos de los niños y niñas. Se debe tener presente que existe una política de tolerancia cero".
Según el organismo colaborador Aldeas Infantiles SOS, las 25 denuncias reportadas corresponden al 0,6%, de un total de 4.500 niños que en promedio fueron atendidos por ellos desde 2003. "Este número de denuncias responde a la aplicación estricta de los protocolos de protección, que nos obligan a denunciar desde que se produce la más leve sospecha de una situación de abuso (...) sólo tres terminaron con sentencia condenatoria y ninguna de las personas condenadas tuvo relación alguna con nuestra organización", indicaron.
