Sename pide protección para lactante ofrecida por internet

Una denuncia por el supuesto secuestro de una lactante de dos meses y medio que llegó a la PDI, terminó con la madre de la menor detenida y acusada de haberla ofrecido a una familia de Puente Alto, a través de internet.

El caso quedó al descubierto el sábado, cuando la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe), interrogaron a la mujer, identificada con las iniciales V.C.Ch. (18), quien confesó que durante su embarazo fue presionada para que entregara a su hija.

A raíz de esto, el director nacional (S) del Servicio Nacional de Menores, Jorge Lavanderos Svec, anunció que hoy presentarán una medida de protección ante el Tribunal de Familia para que indague el caso y determine si hay derechos vulnerados. Además, el Sename va a investigar si hay otros menores en la familia de las imputadas que puedan estar en riesgo.

El caso
La fórmula ideada fue ofrecer a la guagua en una página web y que alguien se interesara. Al suceder esto, y luego de dar a luz en noviembre, se concretó la adopción. El hecho hizo que también una tía y la abuela de la recién nacida fueran detenidas y formalizadas por usurpación de estado civil y arriesgan hasta cinco años de presidio.

El fiscal de la Zona Metropolitana Centro Norte, Esteban Silva, comentó que "existe un padre biológico que tenía la intención de hacerse cargo de la menor, situación que fue impedida por la abuela de la lactante y por una hermana, quienes se coordinaron con terceras personas para entregar a la menor en una 'adopción' y entrega absolutamente ilegal".

Detalló que al progenitor le habían indicado que la mujer había perdido a su hija durante el embarazo.

Asimismo, el subprefecto de la Bipe, Miguel Ampuero, detalló que "establecimos que a la madre del bebé se le entregaron $ 60 mil". Añadió que se está investigando si la pareja que se quedó con la menor pagó, además, los gastos hospitalarios y si le entregó otra cantidad de dinero a la abuela.

Tras la audiencia, el magistrado decretó la libertad de las tres mujeres y se fijó un plazo de 150 días para la investigación, período en el que deberán firmar mensualmente y permanecerán con arraigo nacional.

Para el fiscal, el caso "es un hecho grave. El tema es que en nuestra legislación no está contemplado como delito vender la entrega del cuidado de un recién nacido. Aunque se ofrezca una compensación económica por ello no existe un delito establecido".