Una de las nuevas aristas que lleva adelante el fiscal del caso Sename, Marcos Emilfork, es la investigación de una posible revelación de secreto de los datos relacionados con la autopsia y fichas clínicas de Lissette.
Esto, a raíz de la declaración de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, en que señaló que tras la muerte de la menor, sin especificar el día, tuvo una reunión con el entonces director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, en que "le mostré la ficha de Lissette y le pregunté cuál podía ser la causa de su muerte, y me señaló como sugerencia, nunca me entregó el informe del Servicio Médico Legal, fue en su condición de médico y mirando la ficha que el Sename le había remitido (…) me sugirió que podía ser un origen medicamentoso". Esto generó que fuera citado Bustos, quien negó haber entregado cualquier tipo de información de la niña y manifestó que ni siquiera conoció el resultado del preinforme de autopsia.
"Yo no le mencioné ni a la ministra ni al subsecretario alguna hipótesis respecto de la causa de muerte. por cuanto no soy perito y no se encontraba el resultado del (examen) histiológico ni farmacológico o bioquímico", declaró el ahora director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda). Finalmente, el persecutor regional de Los Lagos lo citó nuevamente en calidad de imputado por la posible comisión de este ilícito.
Al respecto, ayer el Servicio Médico Legal emitió un comunicado en que se siguieron los procedimientos establecidos en la ley: "Sobre el cuestionamiento que ha efectuado el fiscal Marcos Emilfork, y que dice relación con una supuesta vulneración de la reserva de los resultados de la autopsia de Lissette Villa, somos categóricos en señalar que todo este proceso se ha ajustado completamente a derecho, respetando, como es habitual, todos los procedimientos señalados anteriormente".
Agregaron que "por estas razones, y de acuerdo a lo precedentemente señalado, no se ha instruido sumario administrativo destinado a establecer responsabilidades por infracción al art. 23 de la Ley 20.065, que establece la obligatoriedad de la reserva pericial en el Servicio Médico Legal, toda vez que no existen antecedentes fundados que permitan suponer una filtración de parte de algún funcionario de nuestra institución (...) No obstante lo anterior, este servicio llevará a cabo todas las investigaciones administrativas pertinentes, de contar con antecedentes plausibles que la Fiscalía estime pertinente remitir".
La diputada RN Marcela Sabat criticó la postura del servicio y dijo que "sin asignarle responsabilidad a nadie, llama la atención esta defensa corporativa del SML, no solo porque a mi entender hay una crítica solapada e imprudente al trabajo de la fiscalía, sino también porque se descarta responsabilidad en imputaciones que son personales, y que el Servicio no está en condición de descartar con esta seguridad y soberbia".
Sobre esta nueva arista, el abogado del ex director del organismo, Luis Hermosilla, manifestó que "tenemos la certeza de haber actuado siempre conforme a la ley en el ejercicio de la función del doctor Bustos. Aquí no ha existido nunca una violación de ningún tipo de secreto. Por otra parte, lo que hará es ponerse a disposición del fiscal Emilfork y concurrir a prestar declaración y entregar todos los antecedentes requeridos".
Además, respecto de la reunión en donde supuestamente se habría discutido sobre la causa de muerte de la menor, manifestó que "no ha existido ninguna entrega de información ni de opinión respecto de un caso que él no conoció. Nunca ha hablado sobre posibles causas de muerte ni con la ministra Blanco ni con otra autoridad".
