Las primeras alarmas mediáticas aparecieron probablemente en 2009, sólo dos años después desde que se creara la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En ese entonces, un menor de 10 años llamado Cristóbal Cabrera y al que apodaban "el Cisarro" ya se había hecho famoso por sus robos y por escaparse una y otra vez de los centros del Sename. "En este caso, evidentemente hay una necesidad de mejorar o de construir mejores respuestas", dijo a la prensa Eugenio San Martín, director nacional en esa época del Servicio Nacional de Menores.

En el plano legislativo, ya en 2012 la administración del presidente Sebastián Piñera planteaba hacer lo que el actual gobierno propone: separar la institucionalidad que atiende a los niños vulnerables y aquella que abarca a los infractores de ley, en base a la exigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, aprobada en 1989 y ratificada por nuestro país un año después. El proyecto, explicaban en 2013 desde el Ejecutivo, se mantendría con urgencia. Un año después, la Cámara de Diputados conformaba la primera Comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del Sename.

El Cisarro siguió acaparando titulares por largo tiempo: lloraba porque no quería volver al Sename, contaba su abogada. Ya con 17 años, el año pasado acumulaba 60 detenciones. Pero en 2016 las miradas se volcaron con especial atención hacia el área de protección de menores, cuando en abril la menor Lissette Villa, de 11 años, fallecía en el centro Cread Galvarino de Estación Central. En primera instancia, la directora del Sename, Marcela Labraña, afirmó que la niña había muerto por un paro cardiorrespiratorio que se habría desencadenado por un cuadro de angustia cuando un familiar cercano no llegó a visitarla.

En octubre, la misma Labraña realizaba una conferencia de prensa para detallar las escalofriantes cifras de los fallecimientos ocurridos en el Sename: 1.313 personas pertenecientes a programas de la institución, entre ellas 210 niños, niñas y adolescentes (NNA) que vivían en residencias, habían muerto entre 2005 y 2016. Dos días después la presidenta Bachelet anunciaba un "plan de acción" para responder a esta emergencia, el que contemplaba la reorganización del Servicio en dos nuevas instituciones, el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente y el Servicio de Protección de la Niñez, además del aumento de recursos, entre otras acciones. Para diciembre, el caso de Lissette daba un vuelco: el Servicio Médico Legal afirmaba que la niña había muerto de una asfixia por sofocación y se acusaba a los funcionarios de haberla torturado. Ocho fueron formalizados y hoy la Fiscalía indaga otras 260 muertes de menores bajo el sistema de protección del Estado.

Pasó el verano y comenzó un nuevo año. Aunque el tema seguía presente en la prensa y en el plano legislativo, fue hace algunas semanas cuando volvió a explotar. La Cámara de Diputados rechazaba el informe de la Comisión Sename II y varios acusaban un lobby político por parte del gobierno, ya que el texto, además de evidenciar las serias irregularidades del servicio, sindicaba las responsabilidades políticas de varias autoridades (entre ellas la ex ministra de justicia Javiera Blanco), quienes habrían ignorado las advertencias y habrían sido poco diligentes en su accionar. Otros tres informes, el de la jueza Mónica Jeldres (2013), Contraloría (2015) y el Poder Judicial (2016) habían previamente detallado las terribles condiciones y tratos que recibían los niños que se encontraban dentro de las residencias del Sename.

El último informe activó, como nunca antes, la reacción ciudadana. El domingo pasado, por primera vez, un grupo de personas salía a las calles a marchar por los niños del Sename. Menores que en su mayoría no eran suyos, pero que sufren injusticias frente a las que dicen sentir rabia y frustración. Con una directa crítica a la incapacidad de las autoridades por hacer cambios, las consignas "Sename basta ya" y "Ya no están solos" se instalaron en las redes sociales y se mantienen hasta hoy. Mientras, los parlamentarios abogan por acelerar la tramitación de los proyectos de ley y algunos de los actuales candidatos presidenciales proponen un gran "acuerdo nacional por la infancia", con el fin de lograr consensos políticos que consigan finalmente llevar a buen puerto las propuestas que hace años se vienen escuchando.

En Tendencias dedicamos la edición de esta semana a distintas aristas de este tema que domina las conversaciones de ciudadanos y autoridades. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden seguir para superar la crisis? ¿Cómo es la experiencia de sobrevivir al Sename? ¿Qué pasa con aquellos menores que como el Cisarro están atrapados en este sistema? Esas son algunas de las preguntas que se intenta responder en las siguientes páginas.