Reacciones encontradas generó la "Ordenanza sobre el deber de los apoderados de cumplir con la asistencia a clases de sus pupilos", promulgada por la Municipalidad de Huechuraba en virtud de un acuerdo del Concejo en su sesión extraordinaria del pasado 24 de marzo y publicada hoy en el Diario Oficial.

Y es que, como una forma de obligar a los padres a cumplir con la obligatoriedad de enviar a sus hijos al colegio, la normativa que entra en vigencia en mayo próximo incluye castigos que van desde una amonestación verbal hasta penas de presidio "si pasado quince días después de la amonestación no se ha cumplido todavía con la ley", según dispone en su artículo octavo.

El mismo artículo establece, como pasos intermedios, una multa de entre 1 y 5 UTM (entre 37.870 y 189.350 pesos) y servicio comunitario para los apoderados.

Si bien la alcaldesa Carolina Plaza justificó la medida por el alto ausentismo escolar de su comuna, superior al 20% y cercano al 35% en los meses invernales, lo cierto es que para el diputado socialista Sergio Aguiló es "inapropiado que un padre deba ir a prisión o pagar una multa ajena a su realidad por no enviar a su hijo al colegio".

El parlamentario, miembro de la Comisión de Educación de la Cámara, admitió eso sí que "hay que traducir de alguna manera la obligatoriedad en la ley, de tal manera que no sea sólo un derecho de todos los niños chilenos estudiar en escuelas gratuitas y de calidad, sino que además sea un deber de los padres que esa obligatoriedad se cumpla".

Y eso pasa, a su juicio, "por una orientación general del Ministerio de Educación, discutida a nivel nacional y ojalá traducida en una ley, no por una disposición específica de un municipio como puede ser Huechuraba, porque ellos pueden proponer una cosa, pero después puede venir otro con algo muy distinto. Y usted comprende que, sobre todo cuando estamos hablando de penas con prisión o multa pecuniaria, naturalmente eso ameritaría una ley de carácter nacional para que los municipios se atengan a ella".

Aguiló sostuvo que "como miembro de la Comisión de Educación, en ningún caso me parece que sea una materia en que los municipios puedan ponerse creativos y que cada uno tenga una forma muy diversa de aplica un principio general que comparto, en cuanto a que la educación pública gratuita y obligatoria para todos los niños y jóvenes debe materializarse. Es un punto clave y hay que ver cómo se exige esa responsabilidad a los padres".

"El fundamento de lo que ha hecho Huechuraba es muy pertinente, pero la forma es muy discutible", sentenció.

-¿Cree que la ordenanza de Huechuraba va a obligar a reformularse la ley?
-Es muy probable que Huechuraba haya planteado un punto que nos obligue a legislar sobre la materia, pero es razonable y de sentido común que esa materialización, para hacer obligatorio ese principio, no puede ser iniciativa particular de cada municipio en Chile. Hay 340 municipios en Chile, imagínese tener 340 formas distintas de hacer obligatoria esta ley.