"La denuncia se hace a fin de que disponga, el Tribunal Eclesiástico, su apertura previa para establecer si el sacerdote Fernando Montes Matte, rector de la U. Alberto Hurtado, y otras personas de rango superior o subordinados a él, son responsables de ilícitos tipificados en el ordenamiento canónico en torno al derecho".

Así dice la causa que el abogado Sergio García Valdés (68), junto a otros seis profesionales laicos, presentaron el pasado 23 de julio ante el canciller del Arzobispado de Santiago, por considerar que el último premio de Excelencia Periodística, entregado por la institución jesuita a un reportaje publicado en The Clinic, constituiría una "soterrada apología a la eutanasia".

La denuncia consta de 19 páginas, se apoya en 22 disposiciones del Código Canónico y del Catecismo Católico, y adjunta 22 documentos y recortes de prensa. "Sin embargo, forma parte de un largo proceso; no es  algo que se nos haya ocurrido de un día para otro, ni se trata sólo de este último premio", aclara García.

Egresado del Colegio Saint George y de la U. Católica, el abogado, especialista en asuntos civiles y comerciales, trabaja en un estudio de la comuna de Providencia. En 1972, a los 25 años, ganó un juicio al extinto Estanco Automotriz, producto de autos retenidos. Fue la primera vez que su nombre apareció en una causa pública. En 1995 se hizo parte en un recurso de protección para que el Consejo Nacional de Televisión fiscalizara a la incipiente TV cable. "Con esto, mis hijos y nietos ven televisión hasta las 22 horas sin truculencia, violencia excesiva ni pornografía", dice.

En 1996, junto a otros seis abogados católicos, interpuso el recurso legal que impidió -por algunos años- la exhibición del filme La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. "Fue un honor alegar esa causa; se defendía la honra de Jesús", subraya.

¿Había visto la película?

No, pero teníamos referencias del extranjero de cómo se ofendía a la Iglesia, a Jesús, a San Juan Bautista, a la Virgen María. En la Corte Suprema se vio y eso nos bastó. Por su trascendencia, el fallo fue transcrito en la revista de derecho y jurisprudencia.

En 1996, usted también defendió al sacerdote Raúl Hasbún, cuando fue imitado en un programa de TV.

Fue porque se ridiculizó el sacramento de la confesión de manera grosera. El Consejo de Televisión y la Asociación Nacional de la Prensa fallaron a nuestro favor. Hicimos valer nuestro derecho a réplica.

¿Usted es de misa diaria?

Yo soy católico, porque provengo de una familia católica. Me casé y puse a mis hijos en colegios católicos, pero no pertenezco a ningún movimiento religioso ni ejerzo de  otra forma mi religión, salvo en ir a misa los domingos. Les dedico tiempo a estas causas porque la vida me dio mi educación y mi religión, y es una forma, como laico, de devolver esta gracia. Además, en 43 años de ejercicio profesional he atendido miles de casos. Y sólo en cinco causas he asumido la defensa de la Iglesia. Siempre de forma pacífica, a través del derecho. Y todas han resultado exitosas.

Respecto de la causa del sacerdote  Montes, ¿qué busca con el recurso?

Los firmantes hemos pedido que se investigue y se aplique la sanción justa. Y, por supuesto, que se respete a la Iglesia, porque la revista, y en este caso, a nuestro juicio con una forma de colaboración de la U. Alberto Hurtado, lo que se ha atropellado es la libertad de culto. En Chile, todas las religiones reconocidas tienen inmunidad de coacción. O sea, no se puede ejercer fuerza o violencia contra ellas. Y aquí tenemos registrados años de violencia contra la Iglesia y sus costumbres. Eso no puede continuar. Además, se hace un mal uso del nombre de un santo chileno (...). El sacerdote Montes también tiene superiores, en este período ha habido dos provinciales jesuitas. Y ellos han apoyado tácitamente estos premios.

Usted habla de años y premios.

En 2006 se entregó un primer premio, por la U. Alberto Hurtado, a The Clinic. Como este medio ya atacaba a las figuras sagradas de la Iglesia, como Jesús, la Virgen, San José, el Arcángel San Miguel y los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, entre otros, pensé que ellos habían sorprendido al padre Montes. Pero a los años siguientes lo vi ir a las premiaciones.

¿Intentó contactarlo?

En 2007 le dirigí una carta explicándole que, a mi juicio, esa conducta era inconveniente. El me contestó con otra carta, pero yo no quedé conforme con sus argumentos y le mandé una nueva misiva. Nunca más tuve respuesta suya (...), y siguieron sucediendo hechos y premios. En 2008, The Clinic puso la portada más ofensiva que se tenga recuerdo en los medios escritos en Chile, contra la Virgen del Carmen. Y en esa revista más encima apareció un aviso de la U. Alberto Hurtado, lo que me parece inconveniente y legítimamente permite sacar otras conclusiones. El escándalo es un delito grave y dañino, según el catecismo de la Iglesia, porque induce el mal a otros. Y el último premio fue entregado este año.

Montes ha dicho que no le asigna mucha importancia a este tema.

Ha sido una actitud desafiante e incongruente la del padre Montes. En estos días se ha cuestionado que el nuncio apostólico haya pedido información sobre tres sacerdotes chilenos. El padre Montes dijo que primero debería haber existido una corrección fraterna. Pero en nuestro caso, con una denuncia fundada, no ha habido nada de eso.

Usted cita al Código Canónico...

En su artículo 831 estipula que, sin justa causa, los fieles no pueden escribir en periódicos, folletos o revistas que, de modo manifiesto, suelan atacar a la religión católica o a las buenas costumbres. Y los clérigos sólo pueden hacerlo con licencia ordinaria del lugar. Si no se puede escribir, mucho menos se puede premiar.

¿Qué respuesta ha recibido de parte del tribunal eclesiástico?

En el Arzobispado se hizo un análisis en derecho canónico y se envió (la denuncia) al tribunal eclesiástico. Después se resolvió que estaba demostrada la conducta irregular de la U. Alberto Hurtado. El tribunal me notificó lo que le señalo.

¿Habló con el cardenal Ezzati?

No, no lo conozco, pero sé que vio este tema. Documentalmente nos consta.

¿Que viene ahora?

Un proceso administrativo penal, en el cual las partes hacen sus observaciones y presentan pruebas.

¿Podría haber una conciliación?

Es difícil, porque el derecho canónico tiene una disposición expresa que prohíbe la conciliación en estos casos, ya que el posible ilícito compromete el bien público de la Iglesia.