La elección del ministro Sergio Muñoz (56) como nuevo presidente de la Corte Suprema era un secreto a voces entre los jueces. Prueba del consenso que generaba fueron los 16 de 17 votos que ayer obtuvo de sus pares para transformarse en la nueva cabeza del máximo tribunal, desde el 6 de enero de 2014 hasta 2015.
Conocido entre los supremos como un juez perfeccionista y de carácter fuerte, Muñoz resalta, entre otras sentencias, por el fallo que a principios de año congeló las alzas unilaterales de los planes de las isapres y por la resolución que frenó, en 2012, la construcción de la central termoeléctrica Castilla. Horas después de su elección, el Presidente Sebastián Piñera lo llamó para felicitarlo.
El escenario que afrontará el juez Muñoz al mando del Poder Judicial, sin embargo, estará marcado, según expertos, por dos ejes centrales: la creciente judicialización de demandas de salud, educación y medioambiente, y la relación que mantendrá el Poder Judicial con el nuevo gobierno. Estos y otros temas fueron tratados ayer por el presidente electo.
Su administración coincidirá con un cambio de gobierno. ¿Cómo espera que sea su relación con la Presidenta Michelle Bachelet?
Tanto con el señor (Sebastián) Piñera como con la señora (Michelle) Bachelet, y con cualquier presidente, siempre las relaciones van a ser lo más fluidas, cordiales y de excelencia que se pueda. Además, tengo un predicamento: "las autoridades en un Estado nunca se pueden enojar". Porque ellos están para servir al país, no están para amurrarse o para llegar a cortar lazos con otras autoridades, porque antes que cualquier otro aspecto está el bien de Chile y la ciudadanía (...). De otra manera se paralizaría el país por enemistades personales.
Durante la presidencia de Rubén Ballesteros hubo duras críticas del gobierno hacia el Poder Judicial...
Estamos en un nuevo escenario, lo que quiere decir que ya no hay la deferencia que existía antes por mantener una competencia específica y evitar los comentarios de demérito respecto de las otras autoridades del Estado. Si ése es el nuevo escenario, hay que adecuarse.
En el actual gobierno hubo episodios complejos entre La Moneda y el Poder Judicial, a propósito del fallo por la Central Castilla o el caso bombas. ¿Cómo enfrentará eventuales situaciones de tensión con el futuro gobierno?
Soy malo para hacer críticas directas. Generalmente respondo a los ataques. Pero no voy a ser yo el que efectúe críticas a ningún gobierno ni a ninguna autoridad. Pero eso no quiere decir que me voy a mantener en silencio si efectúan comentarios respecto del Poder Judicial.
¿Cuál será su postura ante posibles ataques a la gestión del Poder Judicial?
No voy a dejar que se ataque al Poder Judicial. No es que se defienda lo indefendible. Es tratar de ver cuál es la crítica. Nosotros crecemos con la crítica, es una instancia para mejorar (...). Los jueces tienen derecho a equivocarse, porque pueden ser corregidas sus determinaciones por una instancia superior, pero no hay que rasgar vestiduras inmediatas ante la decisión de un juez, porque esa decisión es revisable por las instancias (superiores) que se han creado.
Una de las críticas que han surgido por parte de autoridades es a los llamados 'jueces garantistas'. ¿Corresponde aplicar en estos casos algún mecanismo de control?
Creo que no hay jueces garantistas ni inquisitivos que no reconozcan las garantías a los imputados (...). La mayor garantía que tiene una sociedad es la independencia de un juez. Y cuando hablo de independencia, me refiero a lo que ha dicho la Corte Interamericana (de DD.HH.): que tiene que ser un juez objetivamente independiente, que no dependa ni de autoridades internas ni externas del Poder Judicial para adoptar una decisión.
¿Le preocupa la forma y criterios que rigen para elegir a un ministro de la Corte Suprema?
El escenario que rige actualmente, no es inadecuado. Es la práctica la inadecuada. Y si de alguna manera se quisiera corregir, nunca hemos estado en contra de que todas las instituciones se perfeccionen. Lo que ha enrarecido el ambiente es la participación del Senado, a la cual no me opongo; lo que señalo, es que esto ha traído como consecuencia las objeciones políticas que se hacen al desempeño de los magistrados (...). Si se decidió que estuviese el pronunciamiento del Senado, está bien. Pero dejémoslo en un pronunciamiento, no en cuestionamientos que, en algunos casos, casi se han transformado en una humillación de los candidatos.
Su período se da en un contexto de alta demanda social en materia ambiental, de salud y educación.
Nosotros no vemos esos temas, no estamos preparados para decir sí o para decir no en las demandas sociales. El que tiene que estar preparado es el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros vamos a resolver los conflictos que están surgiendo en relación a estos temas, los cuales tampoco hemos solicitado que se nos entreguen, sino que la gente es la que ve en el juez un tercero imparcial, que da garantías de una declaración de derechos apropiadas a las circunstancias, que están relacionadas con salud, educación.
Estas demandas se reflejan en el ingreso de recursos de protección contra isapres y en temas de educación. ¿Se puede compatibilizar eso con una pronta respuesta de la justicia?
El Poder Judicial siempre va a responder a las demandas de la gente. Nunca puede negarse a resolver lo que son las demandas, sean una, 10 o miles. Vamos a tratar que esa respuesta sea lo antes posible, de acuerdo a nuestros medios (...). Si las isapres corrigieran su proceder o fueran dados los antecedentes que la población reclama, no tendría por qué haber judicialización (...). Las isapres debieran transparentar todos los antecedentes. Eso aliviaría gran parte (de las causas).
¿Cuál será el principal objetivo en sus dos años de administración?
Los servicios públicos se deben a las personas. Por lo tanto, la mayor preocupación debe ser cómo responderles de manera que a ellos les sirva. Esto no es tramitar papeles, no es hacerlo como el cumplimiento de una obligación, sino que los jueces trabajan con compromiso.