El año pasado, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) recibió 441 reclamos por el Crédito con Aval del Estado (CAE). De ellos, 79 fueron por no devolver cobros mal efectuados, 36 por no informar los montos a pagar y 25 por producir un desequilibrio contractual en perjuicio del consumidor.
Esta información se suma al hecho de que la semana pasada trascendió que se han presentado seis demandas colectivas contra los bancos por cláusulas supuestamente abusivas de los contratos del CAE. Y de ellas, cinco fueron declaradas admisibles por los tribunales.
El Sernac aseguró a La Tercera que ha adoptado medidas ante los reclamos: "Se ofició a la Comisión Ingresa -encargada de administrar el préstamo-, con fecha 22 de diciembre de 2016, con el objeto de constituir una mesa de trabajo para revisar las cláusulas integradas a los contratos".
Así, ambos órganos se reunieron en enero de este año y, según Sernac, en esa oportunidad se le informó a Ingresa la existencia de "algunas cláusulas abusivas detectadas en los contratos revisados".
Estas cláusulas, explicaron desde el servicio, "se relacionan con mandatos irrevocables, la suscripción de pagarés, la renovación de las obligaciones contenidas en el contrato y cláusulas de prórroga de la competencia".
De acuerdo al Sernac, Ingresa se comprometió a revisar las bases de las licitaciones.
Desde la agrupación Deuda Educativa, criticaron el accionar de la institución del consumidor. Juan Pablo Rojas, coordinador nacional de la organización, señaló que el servicio "está al tanto de las cláusulas abusivas. Tiene más de 400 reclamos y debería haber investigado y estudiado los contratos donde hay abusos e ilegalidades. El Sernac no ha hecho nada, debería haber demandado".
Frente a estas críticas, el Sernac indicó que constantemente revisa los contratos y añadió que hay "37 mediaciones colectivas por este concepto en 10 mercados diferentes". Además, aseguró que desde 2013 a la fecha se han cerrado 56 causas, de las cuales 43 tuvieron un término favorable para quien presentó el reclamo, lo que derivó en que el proveedor ajustó las cláusulas consideradas abusivas.
En otros casos, "de las mediaciones colectivas con cierre desfavorable, Sernac demandó colectivamente a 12 de estos proveedores", informó también el órgano.
Ingresa, en tanto, explicó que los contratos firmados por los estudiantes y las Bases de Licitación Pública, para determinar qué bancos serán los prestamistas, son elaborados y redactados por ese organismo, "y cuentan con la toma de razón de Contraloría".
La comisión administradora del préstamo estudiantil explicó también que en octubre de 2012 consultó a la División de Consumo Financiero, del Sernac, si lo establecido en la ley del Sernac Financiero era aplicable al CAE. "En respuesta, el servicio indicó que las disposiciones de esa normativa no afectan a este sistema de financiamiento, por tratarse de una política pública con características y regulación especial", dijo Ingresa.
Respecto del trabajo con la institución, en la comisión explicaron que el 2016 se realizaron reuniones para asegurar que la documentación crediticia propia del CAE esté ajustada a la normativa general de Protección al Consumidor. Y añadieron que en enero de este año se revisaron las cláusulas contenidas en el Contrato de Apertura de la Línea de Crédito que firman los estudiantes.
Con todo, las recomendaciones propuestas por el Sernac para mejorar los procesos de otorgamiento, administración y cobro del crédito, y que no queden "entregados a la sola voluntad del banco, fueron acogidas por la Comisión Ingresa e incluidas en los contratos y bases de este año", según informaron en la comisión.
"Esos instrumentos fueron revisados y aprobados por la Contraloría en febrero, permitiendo convocar a una nueva licitación pública -hoy en curso- para contratar el servicio de financiamiento y administración del CAE 2017", dijo Ingresa.
Condonación
Ayer, tras participar en la Comisión de Educación de la Cámara, Pilar Armanet, rectora de la U. de Las Américas y vocera de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), se refirió a la posibilidad de condonar la deuda del CAE, como lo demandó la presentación de la Confech al Mineduc.
"La demanda puede ser muy popular, pero no es factible. El análisis de costo de condonar el CAE y el Fondo Solidario son miles de millones de pesos; un gasto que ya se hizo, y con eso se acotan los recursos que tenemos para lo que hoy debemos hacer".
Desde los estudiantes, criticaron que "deban recurrir al Sernac, eso es una clara muestra de que la educación no es un derecho social en nuestro país", señaló Víctor Tapia, presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Antofagasta y vocero de la Confech.
"Por eso, es necesario y urgente el fin del CAE y que en la transición hacia la gratuidad no existan préstamos que perpetúen el endeudamiento", añadió el dirigente.
