Un extenso repertorio de demandas contra empresas de diversos sectores, principalmente el retail, energía, aguas e inmobiliarias, entre otros, es el que ha persentado el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) desde 2014, es decir, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Según un documento entregado por Ley de Transparencia a La Tercera, estos requerimientos judiciales, la mayor parte por infracciones a la Ley del Consumidor, suman 131. De éstos, 21% correspondió a empresas relacionadas al sector energía y aguas; 16% al retail; 11,5% a constructoras e inmobiliarias; un 7,5% a la banca; 4,6% a universidades; 3,8% a isapres, y 32% a empresas correspondientes a otras categorías.
La gran mayoría fueron presentaciones hechas por iniciativa propia, mientras que en una decena de casos la entidad que encabeza Ernesto Muñoz, se hizo parte. La semana pasada el órgano de defensa de los consumidores recibió un duro golpe, luego que el Tribunal Constitucional eliminara las nuevas facultades normativas y sancionatorias aprobadas por el Congreso en octubre del año pasado, en el marco del Proyecto de Ley Sernac.
Entre las demandas contra de empresas de energía -que registran el mayor número de requerimientos-, destacan los casos de Enel y CGE, que junto a otras nueve eléctricas más fueron oficiadas por la autoridad en julio del año pasado, debido a los prolongados cortes de suministro eléctrico vividos en la Región Metropolitana, tras la nevazón registrada en la región. Lo anterior, producto de 1.500 reclamos recibidos por la entidad por parte de los consumidores, que se suman a las 8.500 quejas recibidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
El retail, por su parte, se lleva el segundo lugar entre las categorías que recibieron más demandas, las que en su mayoría se originaron tras detectar cláusulas abusivas en los contratos de créditos. Entre las empresas que enfrentan demandas del Sernac están Falabella, Cencosud e Hites. Esta última firma recibió dos demandas en noviembre del año pasado, por implementar cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión para la tarjeta Hites, a lo que se le sumó la venta de una extensión de los seguros de garantía, que se habría realizado sin el consentimiento de los consumidores.
A éstas se agrega también la demanda presentada en contra de La Polar en diciembre del año pasado, tras registrarse denuncias por refinancimiento de deuda de los consumidores sin el consentimiento de éstos.
Otras demandas emblemáticas dentro de este segmento fueron las presentadas en marzo del 2017, en contra de centros comerciales como Parque Arauco, Mall Plaza Norte, Mall Plaza Egaña y otros siete más de la capital, acusados de una serie de incumplimientos referidos la ley de estacionamientos. Esta acción legal fue producto de la realización de cobros por parte de estas empresas por tramos de tiempo no finalizado.
Del total de 131 demandas presentadas por el Sernac solo 12 ya están cerradas, mientras que 119 siguen abiertas o en tramitación. Del total, el 67% se realizaron en la Región Metropolitana, le sigue un 5,3% en Valparaíso, 4,6% en la Región del Maule y otras divididas en el resto de las regiones.
Rechazo del TC
Tras el rechazo del TC a las facultades que el Sernac buscaba incorporar a través el proyecto de Ley, el Gobierno señaló que esto representa un retroceso a los derechos de los consumidores. "El Sernac no solo carecerá de las atribuciones que el Congreso mayoritariamente le fijó, sino que perderá una de las pocas útiles que tiene, que es la de recibir reclamos y buscar mediación entre consumidores y proveedores", dijo el viernes el Ministro de Economía Jorge Rodríguez Grossi. "Con esto en vez de ayudar a consolidar la confianza en una economía social de mercado, la debilita", agregó.