A manos de la Contraloría Regional, para el proceso de revisión de la legalidad y posterior "toma de razón", llegaron las 2.300 hojas que forman el sumario administrativo del caso de los lactantes cambiados, hecho acontecido el año 2005 en el Hospital de Talca.
Los documentos fueron enviados por el Servicio de Salud del Maule (SSM), luego que su director, Jorge Toro, decidiera rechazar los tres recursos de reposición entablados por cuatro de los cinco funcionarios del centro hospitalario que recibieron sanciones.
La técnico paramédico Ana Méndez y el matrón Guillermo Aguilar fueron destituidos, la matrona Patricia Quiñones fue sancionada con una multa del 20% de su sueldo y el jefe de la unidad de maternidad, Juan Enrique Leiva, fue suspendido del cargo por tres meses, con goce de medio sueldo.
A la lista se sumó la asistente paramédico Adriana Espinoza, que recibió una censura y no presentó recurso de reposición, por lo cual su sanción quedó a firme. Aunque no tiene plazo, la Contraloría se podría tardar dos a tres meses, debido al voluminoso sumario iniciado en agosto del 2006.
Al respecto, según informaciones de diario El Centro, el primero en reaccionar fue el abogado de Ana Méndez, David Bahamondes que presentó un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría, solicitando que dicha entidad declare como viciado el sumario y que ordene su reapertura, dejando sin efecto las sanciones decretadas por el SSM, tal como ocurrió hace algunos años.
"Existe una clara desproporción en el dictamen, porque los jefes de mi representada recibieron sanciones inferiores, aunque tenían un mayor grado de responsabilidad y podían haber corregido el error. Pero no ocurrió así, ya que incluso convencieron a una de las madres que un examen de sangre bastaba para comprobar la maternidad", precisó el jurista.
