Hasta el 15 de abril de 2015 es el plazo que se impuso el gobierno para presentar una reforma a la institucionalidad del Servicio Electoral (Servel) para potenciar sus facultades fiscalizadoras.

Esta reforma se sumará al proyecto que ingresará en los próximos días el Ejecutivo para dar más transparencia, equidad y control público al financiamiento electoral y de los partidos .

Sin embargo, la idea es dejar sentado, en ambas iniciativas complementarias, las nuevas atribuciones que tendrá el Servel.

Entre las medidas figura dotar al organismo de la facultad de citar a declarar a candidatos, representantes legales, administradores electorales (una suerte de tesorero de cada candidatura) y dependientes de las instituciones fiscalizadas (por ejemplo, partidos políticos).

Además, se propone que el servicio pueda efectuar salidas a terreno para fiscalizar e ingresar a las sedes de comandos electorales, de partidos y cualquier oficina o dependencia que tenga relación con las candidaturas.

Junto con eso, el Servel podrá requerir y acceder a a documentos, libros o antecedentes que sean necesarios para su fiscalización. También podrá realizar y ordenar auditorías.

Estas atribuciones se complementan con la posibilidad de que el servicio pueda formular cargos, sustanciar la tramitación de esas acusaciones e imponer sanciones. Hoy la legislación electoral permite al Servel aplicar básicamente multas. Sin embargo, el diseño del proyecto del Ejecutivo contempla que subir los montos de esas sanciones pecuniarias.

Penas de cárcel

Pero la propuesta también considera que exista otro tipo de castigo más allá de la acción del Servel, especialmente en lo que se refiere a donaciones irregulares.

Estas sanciones determinadas por tribunales, que se aplicarán por igual al candidato, su representante o el donante, podrían llegar a presidio mayor en su grado mínimo (5 a 10 años de privación de libertad), cuando se trate de montos defraudados superiores a 500 UF (sobre $ 12,3 millones). Una condena de esa naturaleza podría incidir en que un candidato electo o bien un parlamentario en ejercicio pierda el cargo. En tanto, para aportes irregulares por montos menores las penas irían de 61 días hasta 3 años.

Además de estas medidas, la reforma del Ejecutivo contempla reducir los gastos en campaña, prohibir los aportes de empresas, restringir las donaciones reservadas y generar un mecanismo de financiamiento fiscal estable para los partidos.

Medidas solicitadas

Gran parte de estas iniciativas habían sido solicitadas por el Servel en un documento de 12 puntos que presentó al gobierno, donde figuraban especialmente las nuevas facultades. "(Hoy) no existe un mecanismo de fiscalización o auditoría durante la campaña, in situ, para ratificar que lo declarado como gasto electoral se ajusta a lo que efectivamente se realizó y se gastó", dice el documento del Servel.