Inmobiliaria Mirador Barón reforzó su arremetida en tribunales en contra del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, acusando la ilegalidad en el procedimiento de invalidación del permiso de edificación otorgado en 2015.
La compañía -que encomendara la obra a Sigro- abrió un nuevo frente de batalla contra el edil al interponer el reclamo de ilegalidad, lanzando duras acusaciones a través de un escrito ingresado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El proceso judicial se suma a un recurso de protección que interpusiera la inmobiliaria en el tribunal de alzada en contra de la municipalidad, ante la posibilidad de ver frustrada su iniciativa que consiste en la construcción de tres edificios en uno de los cerros más emblemáticos de la ciudad puerto como es el Barón.
"Francamente aterrador y digno de publicarse para que no se repita: el Alcalde, sostiene que tiene facultad privativa para acoger o rechazar un reclamo en que se pide se deje sin efecto un permiso de edificación, por lo que el titular de ese permiso no tiene derecho a ser oído ni a formular alegaciones en ese procedimiento", criticó la inmobiliaria, representada por el abogado Juan Carlos Osorio.
La compañía ejemplificó el accionar de Sharp como "si un Tribunal en lo penal, que tiene facultades privativas para absolver o condenar a una persona, por ello se negara a oír a la defensa del acusado".
El alcalde "desconoce los principios elementales de un Estado de Derecho", acusó la inmobiliaria luego que el jefe comunal no acogiera su defensa ante el proceso de invalidación.
EL PROYECTO
El proyecto Mirador Barón, diseñado por el arquitecto Mathias Klotz, se llevaría a cabo en plena Avenida Diego Portales, Cerro Barón, Valparaíso , y requerirá el desembolso de US$19.6 millones en inversión.
El conflicto comenzó de que el pasado 5 de septiembre, a través de un decreto alcaldicio, el jefe comunal acogiera el reclamo de ilegalidad de Rosa Saa Peruche que solicitó invalidar en contra el Oficio de la Dirección de Obras del municipio Nº 930. Dicho oficio había rechazado al alcalde comenzar un procedimiento de invalidación del permiso de edificación del proyecto.
Según la inmobiliaria, el 5 de octubre de 2017 venció el plazo establecido en la Ley Nº 18.695, sin que el Alcalde emitiera un pronunciamiento sobre el Reclamo Administrativo, por lo que ese reclamo de ilegalidad debiera considerarse rechazado.
Por ello, la firma acusó que el alcalde incurrió en una omisión de ilegalidad al no acoger sus argumentos para hacerse parte del proceso de invalidación del permiso de edificación