El Servicio de Impuestos Internos confirmó hoy que el funcionario de la Dirección Regional Metropolitana Santiago Oriente de la Institución, Eduardo González Inostroza, involucrado en el timbraje irregular de facturas falsas -por aproximadamente $2.700 millones- y cuya detención fue ordenada por la Corte de Apelaciones, se encuentra suspendido provisionalmente de sus labores en el marco de un sumario administrativo que ha estado desarrollando la Contraloría Interna del el organismo en relación con estos mismos hechos.

La detención del funcionario fue solicitada por el fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público, Carlos Gajardo, en el marco de la investigación originada en una querella por delitos tributarios presentada el 17 de diciembre de 2015 por el propio SII en contra del representante legal de la Sociedad Promociones y Modelos Ltda., Eric Toro Bustos, y del contador Oscar Lobos Salas, por la incorporación en la contabilidad de la empresa de facturas falsas de diversos contribuyentes.

Según informó el SII, el 25 de octubre presentó una ampliación de querella por este caso y, posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella por el delito de cohecho en carácter de reiterado.

En relación con estos mismos hechos, el SII afirma que la Contraloría Interna del Servicio "inició el 18 de febrero pasado un sumario para determinar la existencia de responsabilidades administrativas por parte del dicho funcionario", quien en el marco de la indagatoria desarrollada por el Ministerio Público fue mencionado por algunos imputados en el caso como quien les habría solucionado problemas de timbraje de su empresa a cambio de dinero.

La instrucción del sumario se encuentra actualmente en la etapa investigativa, proceso en el cual la fiscal a cargo tomó declaración al funcionario y le notificó la suspensión de sus labores.

Finalmente, el SII reiteró que "la institución seguirá tomando todas las medidas y ejerciendo todas las facultades legales para investigar y sancionar a los funcionarios que resulten involucrados en hechos irregulares".