El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó ayer un balance parcial de las acciones tanto penales como infraccionales que la entidad ha realizado entre 2014 y 2017 en relación a ilícitos tributarios vinculados a financiamiento a la política.
El recuento -dado a conocer a través de un comunicado- se da en medio de los cuestionamientos a la facultad privativa del Servicio para interponer querellas y luego que La Tercera informara que el SII optó por recurrir a los tribunales tributarios aduaneros (TTA) -lo que extingue la acción penal de la fiscalía- para sancionar y restituir perjuicios fiscales en el caso de 12 empresas indagadas en las causas Penta y SQM, en su mayoría ligadas a fondos para la campaña de Laurence Golborne.
"La no presentación de una querella específica por delitos tributarios no implica impunidad, puesto que para los casos en que se decide no ejercer la acción penal, la ley contempla la aplicación de una sanción de carácter pecuniario ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros (...) Además, los involucrados pueden ser investigados por el Ministerio Público por otros eventuales delitos. Es decir, el sistema sancionatorio consagrado en el Código Tributario establece para los delitos tributarios dos procedimientos -penal o infraccional- que persiguen igualmente aplicar sanciones legales", señaló Impuestos Internos en su comunicado.
En su balance, el SII explica que entre 2014 y 2017 ha presentado un total de 35 querellas por delitos tributarios; 5 denuncias; 41 procedimientos de sanciones pecuniarias en los Tribunales Tributarios y Aduaneros en contra de contribuyentes empresas y personas naturales, y en 21 casos en los que a la fecha no existen antecedentes con méritos suficientes, se determinaron y cobraron las diferencias de impuestos, con sus respectivos reajustes e intereses.
Se agregó que "el monto de perjuicio fiscal determinado en estos informes alcanza a la fecha a $11.656 millones, de los cuales $ 4.139 millones corresponden a los casos en que se ha decidido aplicar sanciones pecuniarias".
Críticas
En la víspera, el SII había sido blanco de críticas por recurrir al TTA para sancionar a una docena de empresas, como Ripley (Comercial Eccsa S.A.), Bci, Watt's, Inversiones Caburga, Inversiones Newport, CorpBanca, Copec, Celulosa Arauco, Abastible, Forestal Arauco e Inversiones Siemel. Se advertía que el procedimiento representaba el fin de las investigaciones por financiamiento irregular a la política.
"Si el SII no denuncia esos hechos, nos pone una barrera infranqueable", dijo ayer el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien ya había anunciado que se archivarían las causas donde no hay querellas.
Entre las rectificaciones realizadas por las firmas enviadas al tribunal tributario figuran facturas y boletas pagadas a empresas ligadas a políticos de Chile Vamos como de la Nueva Mayoría, como asesorías Credo, proveedora de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, que extendió facturas a Ripley. Asimismo, estaba rectificado por Caburga, la empresa Los Boldos SA., una de las sociedades de Sebastián Piñera.
Nuevas acciones penales
Junto con el balance de ayer, el SII también destacó la presentación de "cinco nuevas querellas". Sin embargo, al menos cuatro de ellas trata de ampliaciones de otras acciones penales, o bien, querellas relacionadas a imputados ya vinculados a la causa.
Pese a no precisar sobre las nuevas acciones penales, fuentes ligadas al caso señalan que estas apuntan en contra del ex jefe de campaña de Marco Enríequez Ominami, Cristián Warner y del ex administrador de campaña de Piñera, Santiago Valdés. También del ex vicepresidente de RN, Caudio Eguiluz y del ex gerente de SQM, Patricio Contesse y los actuales ejecutivos Patricio de Solminihac y Ricardo Ramos.
