Una nueva arista judicial se materializará en los próximos días en el marco del caso Penta. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentará una querella por eventuales delitos tributarios en contratos forward suscritos por sociedades y ejecutivos vinculados a Empresas Penta, principalmente con firmas y ejecutivos del grupo Cruzat y de la consultora VSA S.A., que habrían tenido como real objetivo el pago de beneficios a ejecutivos y la disminución de obligaciones tributarias.

De acuerdo a altas fuentes conocedoras de la acción legal, ésta incluiría a los controladores de Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, y a algunos de  los representantes legales de las sociedades a través de las cuales se materializaron las operaciones, entre ellas, Inmobiliaria Duero, representada por Macarena y José Luis Délano Méndez, hijos de uno de los controladores de Penta.

La querella se fundamenta en que estas operaciones, en la que dos partes se comprometen a comprar y vender a futuro un determinado bien en un precio fijado con antelación, se habrían realizado ex post, es decir, en conocimiento del resultado financiero que arrojarían. Esto permitiría manejar artificialmente las ganancias y pérdidas de las respectivas contrapartes y, por ende, afectar la base imponible sobre la que se calculan los impuestos a la renta. En este contexto, las operaciones podrían calificarse además como ficticias, o ideológicamente falsas.

Los antecedentes del SII

Parte de los antecedentes que maneja el SII para apoyar su acción legal se los hizo llegar el Ministerio Público a través de Pablo Norambuena, uno de los fiscales del caso, el lunes 2 de febrero vía correo electrónico.

La misiva, dirigida al jefe del Departamento de Defensa Judicial del SII, Andrés Vio, contenía un informe de 71 páginas con 20 contratos forward firmados entre 2008 y 2012 por más de $ 112 mil millones. Dichas operaciones, que fueron entregadas al persecutor el 30 de enero por Julián López, abogado de Délano y Lavín, fueron celebradas entre sociedades vinculadas a Penta y el grupo Cruzat.

En el mismo correo, adosado a la carpeta investigativa que lleva adelante la Fiscalía Oriente, figura la declaración de el ex gerente de Penta, Hugo Bravo, quien detalló las presuntas irregularidades reveladas anteriormente por el ex contador del grupo, Marcos Castro.

"En una oportunidad, no (recuerdo) la fecha, estaba con Carlos Alberto Délano en la oficina y llegó Mauricio Pinto Meneses que era un antiguo conocido y compañero de universidad de Carlos Délano que trabajaba en el grupo Cruzat. Pasó (...) a informarle a Carlos Alberto que estaba a cargo de la parte financiera del grupo Cruzat y Carlos Alberto le mencionó si podíamos hacer negocios a través de forward", declaró Bravo a la fiscalía.

El informe que envió Norambuena al SII también precisa que las supuestas operaciones irregulares fueron firmadas, además de Pinto, por Axel Azancot, Iván Rojas Bravo, Martín Rasmussen, y Antonio, Nicolás y Rodrigo Cruzat Valdés. Bravo, Pinto y Rojas, habrían sido los principales intermediarios de este tipo de operaciones entre Penta y el grupo Cruzat.

Las 20 operaciones reportadas por Julián López no eran las únicas entre Penta y el grupo Cruzat. El 6 de febrero, Jorge Bofill, abogado de los gerentes de Penta, Manuel Tocornal, Marcos Comparini y Oscar Buzeta, reportó otros 14 contratos de este tipo, destinados a pagar bonos de esos ejecutivos.

En total, serían 102 contratos firmados entre ambos grupos, según reveló el ejecutivo del grupo Cruzat, Iván Rojas, en su comparecencia del 12 de febrero ante la fiscalía, que fue declarada reservada.

A todas esas operaciones, se suman las de Penta con la sociedad VSA S.A., que según el testimonio del 6 de enero de Carlos Lavín, se habrían realizado para obtener liquidez para  financiar parte de la campaña presidencial del UDI, Pablo Longueira.