Entre los años 2001 y 2004 el Servicio de Impuestos Internos (SII) suscribió cuatro convenios de transferencia de información con las empresas de tratamiento de datos Dicom/Equifax, Databusiness, Servicios integrados de información y Sinacofi. Así lo constatan documentos dados a conocer por el organismo luego de que en octubre del año pasado la Fundación Pro Acceso solicitara información al respecto a través de la Ley de Transparencia. Si bien en una primera instancia la institución denegó entregar dicha información argumentando que se encontraban en cuestión los derechos comerciales de las personas jurídicas involucradas, en agosto de este año la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones -de manera unánime- mandató al SII a publicarlos. Esto, a días de que la entidad anunciara desde septiembre una nueva política de transparencia que incluye información sobre la agenda pública de sus autoridades, listado de RUT beneficiados con condonaciones e información sobre solicitudes de transparencia.
Los textos de los convenios revelan que a través de éstos las entidades privadas tienen acceso a seis áreas de información que maneja el organismo público: RUT de personas jurídicas, RUT de personas naturales, timbrajes médicos, contribuyentes con anotaciones vigentes, avalúo de bienes raíces y tasación de vehículos. Periódicamente, el SII envía estas bases de datos actualizadas a las empresas, quedando exentos los antecedentes sujetos a reserva o secreto tributario. De acuerdo a los documentos, los privados están autorizados a comunicar la información a sus clientes, aunque sólo ante consultas específicas sobre registros. De esta manera, tienen prohibido ceder a terceros el contenido o el diseño de las bases de datos.
Los convenios establecen que a cambio las empresas proveen al SII acceso a información sobre deudas de las personas y comportamiento de pago de las personas. El Servicio puede acceder a herramientas para verificación de cheques, conocimiento de la morosidad consolidada, antecedentes de identificación, deuda previsional y multas impagas, entre otros. En el caso del convenio con Dicom, se fija en un millón el máximo de consultas anuales por parte del SII.
USO DE LA INFORMACION
Según señalan los documentos, los convenios permitirían al SII el acceso a información relevante utilizada en los procesos de toma de decisión en áreas de negocios y operaciones comerciales, lo que "el Servicio estima que constituye un indicador útil para evaluar actitudes o tendencias en materia de cumplimiento de obligaciones tributarias".
Sin embargo, el director de la Fundación Pro Acceso, Rodrigo Mora, opina que "el SII está mandatado para recopilar información sólo para el cumplimiento tributario, pero con estos convenios las empresas la pueden utilizar para fines comerciales y no públicos, como predecir el riesgo de crédito. ¿Por qué no contrata el servicio mensualmente y se evita tener que entregar como contrapartida su base de datos?", dice.
En esta línea, desde el SII señalan que el nuevo director (S) del Servicio de Impuestos Internos, Alejandro Burr, "ha instruido al Subdirector Jurídico determinar la procedencia de dar término o continuar con los convenios de intercambio de información con organismos privados, de conformidad a la legislación actualmente vigente".
OBJETIVOS
Según una ex autoridad de la entidad, la decisión de establecer los mencionados convenios con particulares responde a que la institución, al momento de suscribirlos, "no tenía presupuesto para comprar la información", la que es utilizada para fortalecer los planes de fiscalización. "Quizás fue un poco imprudente, pero considero que mantenerlos hoy sigue siendo válido, porque el SII puede entregar la información si alguien la pide por transparencia, pero las empresas no tienen por qué entregar nada", argumenta.
De acuerdo a los documentos, el SII entrega además información relativa a los contribuyentes inubicables, que no concurren ante notificaciones de auditoría o que tienen domicilio inexistente. También facilita detalles sobre RUT de sociedades y de sus respectivos socios (incluyendo nombres y apellidos y razón social). Los convenios consideran la existencia de coordinadores en ambas partes para mantener la operativa y resguardar la comunicación.
