Un sumario administrativo ordenó el lunes el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La razón: determinar en qué circunstancias se autorizaron judicialmente medidas intrusivas -como interceptaciones telefónicas- para un simulacro de secuestro de la esposa del jefe de seguridad de la embajada de Israel el 28 de noviembre de 2012.
Ese día, el fiscal de la zona Oriente, Anatole Larrabeiti, solicitó a la jueza suplente de ese tribunal, Carolina Canales, la interceptación telefónica y el tráfico de llamadas de los teléfonos del funcionario diplomático, de su esposa, de su asesora del hogar y el del domicilio de ambos. El mail con la petición de la fiscalía indica que "a las 8.30, la cónyuge del jefe de seguridad de la embajada israelita fue vista por última vez saliendo del colegio en Lo Barnechea (...) se presume un secuestro respecto de ésta, dada la calidad de agente diplomático y el cargo de alta seguridad de su cónyuge".
En la petición, en que no se indica que es un simulacro, también se pide autorizar el rastreo del posible uso de tarjetas de crédito y una orden judicial para que las empresas concesionarias de autopistas entregaran información relacionada a un vehículo con placa diplomática. Todas estas diligencias fueron autorizadas por la magistrada.
Dos meses después, el tribunal recibió un mail de la Fiscalía Oriente en que se solicitaba la eliminación de la causa, porque todo se enmarcó en un secuestro simulado, "efectuado en conjunto con el Poder Judicial y la embajada de Israel a un funcionario de dicha entidad", indica el correo electrónico.
El 31 de enero, la presidenta del Cuarto Juzgado de Garantía, Andrea Osorio, envió un informe a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y a la Fiscalía Regional, donde señala que "la jueza Carolina Canales (...) manifestó que en ningún momento se le informó que se trataba de un simulacro (...) en consecuencia, podríamos encontrarnos con una orden judicial otorgada por solicitud de un fiscal fundada en antecedentes falsos".
Esto provocó que los magistrados del tribunal de alzada capitalino -antes de resolver si ordenaban el sumario- pidieran un informe al fiscal nacional, Sabas Chahuán, y a la jueza aludida.
La magistrada Carolina Canales respondió el 19 de marzo a la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesich, que se enteró de que todo era un simulacro a raíz de la petición de eliminar la causa del sistema, y puso esos antecedentes en manos de la jueza Andrea Osorio. El lunes, tras tener todos estos antecedentes a la vista, el pleno del tribunal de alzada capitalino decidió ordenar la investigación. Consultada por La Tercera, la embajada de Israel no quiso referirse al tema.
VERSION DE LA FISCALIA
El fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, dijo al respecto que el fiscal Larrabeiti "le explicó expresamente a la magistrada en qué consistía el asunto". Aclaró, además, que nunca se hicieron las interceptaciones telefónicas. "Era para hacer un informe donde se pudieran marcar los tiempos de respuesta, y nosotros entendíamos que teníamos la necesidad de estar preparados ante eventuales secuestros reales". Otro de los antecedentes que hay es un mail de agradecimiento enviado por la embajada a la fiscalía, por el simulacro.
