Los ataques a la libertad de prensa se han intensificado en paí­ses centroamericanos, así­ como en México, Brasil, Argentina y Ecuador, señalan los informes de la Sociedad Interamericana de Prensa, dados a conocer el sábado, durante la reunión del organismo en la ciudad central mexicana de Puebla.

Mientas en paí­ses como México, Honduras y Brasil continúan los asesinatos y ataques a periodistas, en Ecuador y Argentina los gobiernos ponen trabas legales y económicas a los medios, especialmente a los que no responden a los intereses gubernamentales, de acuerdo con los reportes.

El caso más grave es el de México, a donde la SIP considera enviar una misión especial de estudio.

En 12 años, hay 127 ataques registrados a periodistas mexicanos y la violencia no ha disminuido. La SIP teme que los pocos avances que se habí­an logrado al final de la administración del presidente Felipe Calderón queden en el olvido.

El vicepresidente de la SIP en México, Armando Castilla, mencionó que las agresiones han continuado durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, quien asumió el 1 de diciembre. Añadió que no está claro si el nuevo mandatario apoya el mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas que se implementó en 2012.

Resaltó la desaparición de una periodista de San Luis Potosí­; dos asesinatos, uno de ellos ya en la administración de Peña Nieto, y los ataques a El Diario de Juárez, Canal 44 y el Siglo de Torreón, todo en los últimos seis meses.

Peña Nieto canceló su participación en la reunión de Puebla.

Honduras es uno de los paí­ses donde el ejercicio de la libertad de prensa se vuelve más peligroso. Con una de las tasas más altas de homicidios en el mundo, aunque no se registraron asesinatos a periodistas en el último semestre, otros 24 quedan en la impunidad.

"Ya no es necesario que los maten para censurarlos", dijo Rodolfo Dumas, redactor del informe.

La violenta lucha entre bandas del narcotráfico y las pandillas conocidas como maras alcanza a los periodistas hondureños. Según Renato ílvarez, periodista hondureño que participó en uno de los paneles, los grupos hondureños del crimen organizado están relacionados con los cárteles mexicanos y colombianos que se disputan el control, muchas veces en complicidad con la autoridad.

Periodistas hondureños denunciaron que el presidente Porfirio Lobo prometió mecanismos de protección para periodistas y una fiscalí­a especializada, que no se han materializado.

"Nos vio y nos mintió", dijo Dumas.

La organización que agrupa a medios de toda América, denunció también ataques policiales y asesinatos de periodistas brasileños.

Aún en paí­ses donde no se han dado homicidios recientes de periodistas, como Colombia y Perú, las investigaciones y los castigos en casos pasados quedan pendientes por procesos judiciales estancados.

La presentación más esperada de la conferencia fue la de la bloguera cubana creadora de Generación Y, Yoani Sánchez. Era la primera vez en medio siglo que el informe de la isla era presentado por un periodista cubano.

Sánchez aseguró que los periodistas y activistas crí­ticos con el gobierno de Cuba "vivimos en la lí­nea roja entre la libertad y la cárcel".

"Con mucha frecuencia los activistas y periodistas independientes son subidos a autos con matrí­cula privada con hombres vestidos de civiles. Después de algunas horas es liberado todaví­a bajo el shock, todaví­a bajo la amenaza. Dejan no solamente en shock (al periodista) sino desprovisto de un acta judicial que le permita interponer una denuncia", denunció.

En paí­ses sudamericanos preocupan a la SIP nuevas regulaciones e intentos de los gobiernos para poner obstáculos legales y económicos a los medios.

En Ecuador, el gobierno del presidente Rafael Correa está cambiando el modelo de regulación y relación con los medios. Según el informe, se han impuesto nuevos requisitos para el trabajo de periodistas y se han emitido resoluciones que prohí­ben a los propietarios de medios realizar otras actividades económicas.

En Nicaragua, el "secretismo y falta de acceso a opinión pública es la norma en el gobierno de Daniel Ortega", dice el informe. Ni el presidente ni sus funcionarios dan entrevistas ni permiten el acceso de los ciudadanos a información pública, pero además, la familia del presidente ha comprado medios electrónicos. Sólo una cadena de televisión y algunas radiodifusoras están fuera de la influencia directa de la familia de Ortega.

Los periodistas de la SIP denunciaron también una deteriorada situación en la prensa Argentina, ante un boicot publicitario del gobierno de Cristina Fernández contra los medios.

Según el informe, anunciantes como los supermercados, han sido amenazados por el gobierno, y han sacado su publicidad de los medios, lo que pone en riesgo su supervivencia.

"En 2009, el 59% (de la publicidad oficial) se concentró en cinco medios y no tuvo relación con la audiencia de los medios. Han impulsado ventas de medios y cambios en sus lí­neas editoriales. El acceso a fuentes oficiales sigue siendo limitado y Cristina sigue sin dar ruedas de prensa", dijo Daniel Dessein, vicepresidente de SIP en Argentina.

El caso más sonado en Argentina ha sido el pleito judicial de la presidencia con el grupo Clarí­n, que dice, excede el número de licencias que puede tener una organización de medios. El oficialismo montó una campaña publicitaria contra el grupo, destacó la SIP.